La nueva normativa permitiría la incautación de equipo sin autorización judicial
Tras la reciente aprobación en tercer debate del proyecto de Ley 61, que busca frenar el aumento de ciberdelitos, el presidente José Raúl Mulino aseguró que analizaría a fondo la normativa antes de decidir si sancionarla o no.
De ser sancionada por el mandatario, tal como fue aprobada, la ley permite a un fiscal incautar o inhabilitar equipos como celulares y computadoras, sin necesidad de autorización judicial previa. Esto con la finalidad de recolectar evidencia en investigaciones sobre delitos cibernéticos.
Los críticos del proyecto de ley aseguran que esto otorgaría poderes excesivos a los fiscales en detrimento de derechos fundamentales relacionados con la privacidad y el debido proceso, lo que podría llevar a abusos en contra de la ciudadanía.
Según la normativa, en caso de obtener los datos correspondientes, el Ministerio Público deberá someterlos al “control posterior” de un juez de garantías, tal como lo establece en los procedimientos para la incautación de datos.
En opinión de Mulino, los fiscales deben realizar su trabajo investigativo sin incurrir en abusos de poder. Bajo el proceso penal acusatorio, el presidente advierte que los fiscales no deben actuar de forma arbitraria, repitiendo errores que se han dado en el pasado.
Si bien considera que el “fiscal no está pintado en la pared”, y que es fundamental que cuenten con las herramientas para encarar las amenazas derivadas del mundo digital, destaca que es importante que actúen dentro de la ley, rindiendo cuentas a través de las audiencias de control.