En la distribución de la riqueza, la pobreza continúa afectando “desproporcionadamente” a las mujeres en edad laboral
La pobreza en Latinoamérica descendió al 27,3% en el 2023, la menor tasa registrada desde 1990, que equivale a 172 millones de personas y que supone una reducción del 1,5% respecto a la de 2022, reveló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informó la agencia EFE.
La pobreza extrema también disminuyó y alcanzó un 10,6%, lo que corresponde a 66 millones de personas, cifra un 0,5 % inferior a la registrada durante el año anterior, pero que aun se mantiene por encima de los niveles del 2014, cuando se llegó a la cifra más baja las últimas tres décadas, según el organismo de la ONU, con sede en Santiago.
De acuerdo con las reducidas expectativas de crecimiento del PIB para este año (1,7% en América Latina), se puede esperar que en el 2024 la pobreza disminuya levemente, 0,5 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema se mantendría sin cambios significativos, sostiene la CEPAL en su informe ‘Panorama Social de América Latina y el Caribe’.
La perspectiva no es muy halagüeña”, señaló el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, quien instó a fortalecer los programas de protección social.
La disminución regional de la pobreza en el 2023, que se debe principalmente a la evolución positiva de Brasil, pero a la que también han contribuido Paraguay, República Dominicana, El Salvador o Colombia, responde al aumento de los ingresos provenientes del trabajo asalariado, según la CEPAL.
Las transferencias públicas, que incluyen programas de protección social no contributiva aquellos destinados a personas que no han realizado aportes suficientes a sistemas como el de pensiones o a la seguridad social durante su vida laboral, también tuvieron importantes efectos sobre la pobreza.
Para avanzar en la erradicación de la pobreza en la región a más tardar en EL 2030, debe considerarse un estándar mínimo de recursos financieros de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, o de entre el 5% y el 10% del gasto público total destinado al financiamiento de la protección social no contributiva en el ámbito de los Ministerios de Desarrollo Social o instituciones equivalentes”, advierte el reporte.
Según la CEPAL, en América Latina, donde persiste una alta desigualdad de ingresos y en la distribución de la riqueza, la pobreza continúa afectando “desproporcionadamente” a las mujeres en edad laboral (22,2%), a niñas y niños (40,6%), a personas indígenas (42,3%) y afrodescendientes (20,4%), y a quienes habitan en zonas rurales (39,1%).
El envejecimiento de la población y la crisis de cuidados también agudiza estas desigualdades debido a la “injusta división del trabajo”, según la calificó Arenas, especialmente contribuyendo a la brecha de género, ya que más de la mitad de mujeres fuera del sistema laboral se dedican exclusivamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que supone un “obstáculo” para su inclusión laboral y la protección social.