Patrimonio del dictador nicaragüense y su familia abarca una amplia lista de activos y se presume en más de $2,500 millones
Después que Daniel Ortega volvió al poder en Nicaragua en el 2007 construyó una fortuna, que algunos medios y economistas cifran en más de 2,500 millones de dólares. Gran parte de su riqueza personal proviene de la cooperación venezolana, según diferentes investigaciones, informó em medio digital Expediente Público.
Ortega dirigió miles de millones de dólares durante una década en fondos que entregó Venezuela en el marco del acuerdo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Los recursos destinados a proyectos de desarrollo y colaboración entre ambos países habrían sido canalizados por Ortega para fines personales y políticos, coinciden expertos consultados.
Ellos arrancan su patrimonio importante con el dinero de Venezuela”, señala el economista y analista político, Óscar René Vargas, uno de los 222 excarcelados políticos desterrados por la dictadura.
Desde el 2007 hasta el 2018, Venezuela entregó a Ortega más $5,000 millones para financiar su proyecto político.
Ortega controló la distribución del petróleo venezolano y adquirió una cadena de gasolineras, delegando a su hijo mayor, Rafael Ortega Murillo, “el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia”, según el Departamento del Tesoro estadunidense.
También formó un conglomerado empresarial de Ortega con ayuda de testaferros, sus hijos y nueras que incluye hoteles, medios de comunicación, telefonía, agencias de publicidad y negocios en los sectores energético.
Sin embargo, nadie conoce el monto total de su riqueza ni todos sus negocios.
Mencionar una cifra es “muy aventado”, reconoce el economista y excarcelado político desterrado, Juan Sebastián Chamorro.
Además, tampoco se sabe con certeza cuánto de esa fortuna pertenece a su esposa, Rosario Murillo, y a sus hijos.
Estas personas tienen todo un mecanismo de utilización de testaferros que, probablemente, nunca se vaya a saber el monto total de su fortuna”, explicó Chamorro.
El abogado José Mojica Mejía y Aura Cecilia Toruño Porras con acciones en PETRONIC, y Francisco López, el tesorero del FSLN y expresidente del Grupo ALBANISA son algunos de los testaferros de la familia.
“Ellos mismos trabajan para ocultar todo eso. Es parte de una organización mafiosa donde se puede inferir por dónde va la riqueza”, añadió Chamorro.
La realidad es que el exguerrillero sandinista, que se autoproclama presidente de los pobres, amasó una fortuna de $2,500 millones hasta el 2018, según una publicación de la agencia Bloomberg Línea, una plataforma de noticias de negocios en América Latina y el Caribe.
17 años después de su regreso al poder, lo único de probidad declarado por Ortega fue en el 2006 cuando era candidato presidencial.
Ese año Daniel Ortega reportó un patrimonio de $217,844 para él y $159,300 para Murillo.
El 11 de enero deL 2007, un día después de asumir el poder, Ortega firmó la adhesión de Nicaragua a la iniciativa del ALBA.
La iniciativa venezolana surgió como alternativa comercial y de integración regional para contrarrestar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que promovió Estados Unidos.
El “manejo discrecional de la cooperación venezolana” constituye uno de los mecanismos que enriquecieron a Ortega y su familia, afirma Núñez.
Eso le dio a Ortega la capacidad de manejar dinero al margen del presupuesto y conseguir enriquecerse”, señaló Núñez.
En el esquema de cooperación, aparece Alba de Nicaragua S.A. (ALBANISA), conformada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Petróleos de Nicaragua (PETRONIC).
ALBANISA se transformaría en el corto plazo en una de las empresas más influyentes y grandes de Nicaragua.
A partir de datos oficiales se constató que PETRONIC tuvo ingresos por $1,506 millones en un periodo de cinco años por la venta mayorista de combustibles, donde el Estado de Nicaragua era su principal cliente.
Según el Departamento del Tesoro, el régimen utilizó Inversiones Zanzíbar S.A., controlada por Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor de Ortega y Murillo, para trasferir las ganancias de la venta de combustible a la familia presidencial.
A partir del 2015, dos años después de la muerte del entonces presidente venezolano Hugo Cháves, disminuyó la cooperación.
Un año antes del estallido de la crisis sociopolítica en el país centroamericano, una auditoría de la prestigiosa firma estadunidense Grant Thornton reveló información clave.
Entre el 2016 y el 2017, el Banco Corporativo (BANCORP) asumió el control de la administración de los fondos provenientes de la cooperación venezolana que por años administró la Caja Rural de Nicaragua (CARUNA).
Ese dinero entró a BANCORP bajo la figura de fideicomiso que, en materia económica y financiera, es un acuerdo legal donde una persona transfiere bienes a otra para que los administre en beneficio de un tercero.
En abril del 2019, Estados Unidos lo sancionó por ser un “banco utilizado por el régimen de Daniel Ortega para lavar y ocultar dinero de ALBANISA” y “refugio para personas sancionadas” por la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC).
El patrimonio del régimen nicaragüense abarca hoteles, fincas agropecuarias, agencias de publicidad, telefonía, empresas eléctricas y de construcción.
A eso se suma más de una docena de medios, entre radios y canales de televisión que son administrados por sus hijos.
Las empresas de los hijos de Ortega y Murillo también reciben publicidad estatal.
Sólo en salario, la familia gobernante recibe unos $65,000 mensuales, estima una investigación periodística del medio Confidencia