El último intento fue en el 2020 cuando la legisladora demócrata Ilhan Omar presentó una resolución llamando a que se vote, iniciativa que no prosperó
El 20 de noviembre de 1989, apenas 11 días después de la caída del muro de Berlín, la Organización de Naciones Unidas aprobó uno de sus acuerdos más exitosos y emblemáticos: La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).
El tratado, diseñado para proteger a los menores, fue el primero que reconoció que los niños y adolescentes tienen derechos propios y que los adultos son responsables de garantizarlos.
A partir de la firma, los Estados miembro de la ONU comenzaron a ratificar la CDN a través de votaciones en sus respectivos Parlamentos.
A día de hoy, después de 35 años de vigencia, 196 países han sancionado la Convención, convirtiéndola en el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia.
Sin embargo, hay un solo país que no ha completado este proceso y que, por ende, no está comprometido legalmente a acatar el acuerdo: Estados Unidos.
La Convención sobre los Derechos del Niño, es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños, definidos como personas menores de 18 años.
A pesar de que Washington firmó la CDN en 1995, durante el gobierno del demócrata Bill Clinton, el país nunca cumplió con la obligación de ratificar el tratado a través de su Congreso.
Ninguno de los gobernantes que lideraron el país en estas casi tres décadas desde la firma, ya sean demócratas o republicanos, enviaron el tratado ante el Senado para su ratificación, dejando su aplicación inválida desde el punto legal.
El último intento por llevarlo ante la Cámara Alta fue en el 2020, cuando la legisladora demócrata Ilhan Omar presentó una resolución llamando a que se vote, intento que no prosperó.
Hasta ahora los partidarios de la convención no han logrado reunir el consenso necesario para que sea tratado por el Senado.
Uno de los principales escollos que enfrentan quienes abogan por su ratificación es que, para que un tratado internacional sea ratificado en Estados Unidos, se necesita el apoyo de una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta, un consenso difícil de lograr dadas las objeciones de quienes temen que la CDN pueda limitar la autoridad del país en ciertos temas.
Los grupos que se resisten a la ratificación, principalmente alineados con el Partido Republicano, consideran que suscribir legalmente la Convención podría llevar a interferencias en tres áreas:
Autoridad parental. La CDN incluye derechos como el de los niños a expresar sus opiniones en asuntos que los afectan, lo que algunos grupos conservadores interpretan como una amenaza a la autoridad parental.
Estos objetores creen que otorgar a los niños derechos legales podría interferir en la capacidad de los padres para tomar decisiones en la crianza y educación de sus hijos.
Según la ONG Parental Rights, la convención le da demasiado poder al Estado, haciendo que los padres “pierdan su derecho a ser padres, y socava” a la familia con resultados frecuentemente “trágicos y devastadores” para los mismos niños.
Los únicos casos en los que un Estado puede suplantar el rol de los padres es cuando hay claros indicios de violencia, abandono o maltrato de niños. Y creo que la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que en esos casos es apropiado que los niños sean puestos bajo el cuidado del Estado”, afirma.
Soberanía nacional. Los sectores conservadores también temen que ratificar la CDN afecte la soberanía del país al permitir que una convención internacional tenga influencia sobre las leyes internas relacionadas con los derechos de los niños.
La organización HRW reconoce que si Estados Unidos ratificara la convención “efectivamente estaría legalmente obligado a cumplirla”, pero asegura que «las leyes estadounidenses seguirían aplicando y no le daría a la ONU la autoridad para intervenir en las vidas de familias o de sustituir la ley de EE UU”, como temen quienes se oponen a la ratificación.
Impacto legal. Este teórico conflicto entre el derecho internacional y las leyes estatales y federales del país es la tercera cuestión que frena la sanción de este tratado.
“La CDN establece claramente que los niños nunca deben ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional por delitos cometidos antes de los 18 años y en Estados Unidos aún tenemos más de 20 Estados que permiten condenas de por vida sin libertad condicional para crímenes cometidos antes de los 18″, detallan defensores de los derechos infantiles.
“Debido a la oposición conservadora y a la norma de política internacional de EE UU de no ratificar los tratados internacionales de derechos humanos, es probable que EE UU nunca ratifique la Convención sobre los Derechos del Niño”, escribió en la Revista de Derechos del Niño la académica de la Universidad de Plymouth Charlotte Galvin.