A la orden de arresto del CPI se suma una audiencia por corrupción y un escándalo de filtraciones en la Oficina del Primer Ministro
A la orden de arresto por parte de la Corte Internacional de La Haya contra el jefe del régimen israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoan Gallant, por crímenes de guerra en Gaza, preceden unas semanas en las que el “anillo de fuego”, que dicen los analistas israelíes, se está cerrando sobre el mandatario israelí, informó el diario español La Razón.
Netanyahu tiene una audiencia como acusado el próximo 2 de diciembre por uno de sus casos de corrupción y soborno, encuentro que está tratando de posponer. La oficina del primer ministro también intenta que no se produzca una comisión de investigación por los fallos del 7O de 2023, sin embargo, esta misma institución está siendo investigada en tres casos que suscitan sospechas de actividad criminal por acciones relacionadas con la guerra que mantiene Israel en dos frentes activos y otros cinco esporádicos.
Las acusaciones contra los allegados del mandatario son de filtración de información y falsificación de protocolos. El tribunal que trata los casos ha permitido la publicación de más detalles mientras interroga a altos cargos de la oficina del primer ministro.
En el primer caso de filtración de información, se sospecha que altos cargos de seguridad extrajeron ilegalmente material sensible de los sistemas del Ejército y se lo pasaron al portavoz de Netanyahu, Eli Feldstein.
En el interrogatorio de hace pocos días, Feldstein reveló que decidió filtrar información clasificada a medios de comunicación extranjeros para influir en la opinión pública israelí contra las protestas que pedían un acuerdo para la liberación de los rehenes de Gaza.
Su objetivo era hacer hincapié en que las protestas en realidad saboteaban las negociaciones y fortalecían a Hamás. El documento fue enviado al periódico alemán “Bild”.
Tras la publicación del tema en Bild, varios medios israelíes cuestionaron la autenticidad del documento en el que se basaba el artículo. Feldstein pidió al oficial de reserva que le facilitara el documento original. El oficial afirmó en interrogatorio posterior que le habían dicho que había sido Netanyahu quien solicitaba estos documentos para verificar la información.
Ese tránsito de documentos sucedió en el mes de junio, pero su difusión por parte de Feldstein se produjo a principios de septiembre, poco después del asesinato de seis rehenes: Almog Sarusi, Alex Lobanov, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Ori Danino y Hersh Goldberg-Polin.
Tras la recuperación de los cuerpos, las protestas contra el régimen se intensificaron. Según el tribunal, Feldstein decidió entonces publicar los documentos en un intento de desviar el discurso público sobre la falta de acuerdo de rehenes y redirigir la culpa de Netanyahu al entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar.
La fiscalía ha anunciado que presentará cargos en los próximos días contra Feldstein y el oficial de reserva que supuestamente le pasó la información, los principales sospechosos del caso.
Feldstein y tres miembros del Departamento de Seguridad de la Información de las FDI son sospechosos de revelar información clasificada con la intención de dañar la seguridad nacional, un delito según las leyes de espionaje que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.
Además, Netanyahu también utilizó la información filtrada después de la muerte de los seis rehenes, sugiriendo en varias ocasiones que los manifestantes en su contra estaban “cayendo en la trampa de Hamás”.