Diputados Palacios y Richars, critican que el contrato haya sido prorrogado por otros 25 años y lo consideran “autosabotaje”
Tanto el Metro de Panamá, S.A., (MPSA) como la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) pagan millones de dólares al año en concepto de arriendo por terrenos que son propiedad del Estado, lo que ha generado una serie de cuestionamientos, indicaron medios de prensa locales.
Un reciente reporte de La Prensa reveló que la ANA desembolsa anualmente más de $700,000 a la empresa Panama Canal Railway Company (PCRC) por el uso de varios locales en el corregimiento de Ancón.
Lo irónico, dice el informe, es que esos espacios son utilizados por PCRC gracias a una concesión otorgada por el Estado en 1998, lo que ha generado cuestionamientos sobre la lógica y eficiencia de esos pagos realizados por una entidad pública a una empresa que ocupa terrenos estatales concdesionados.
De negligente” y “vil atraco” calificó el diputado Betserai Richards, lo actuado. “El Estado está pagando a privados por el uso de propiedades que le pertenecen debido a acuerdos negligentes”. Además, instó a revisar con urgencia las concesiones vigentes, señalando que la seguridad jurídica no puede justificar la pérdida de soberanía sobre bienes nacionales.
Para Richards, se trata de un “autosabotaje en detrimento de la nación”.
Con el Metro de Panamá, el contrato de arrendamiento con PCRC se mantiene vigente desde 2013, cuando operaba bajo la Secretaría del Metro, y desde 2015 bajo su estructura actual.
Incluye el arrendamiento de tres lotes en Curundú, Ancón, dentro de la concesión de PCRC, donde operan oficinas, patios y talleres de la Línea 1.
El monto del contrato es por $1.450,000 anuales y se renueva automáticamente cada dos años mediante adendas aprobadas por el Consejo Económico Nacional. Entre el 2013 y el 2024, el MPSA pagó a la concesionaria PCRC, $15 millones en arrendamiento de terrenos del Estado.
Este mecanismo permite que el contrato siga vigente bajo los mismos términos hasta que PCRC revierta en el 2049 los a Panamá los terrenos concesionados.
El diputado independiente Augusto “Tuto” Palacios criticó que el contrato haya sido prorrogado en el 2024 por otros 25 años bajo las mismas condiciones, a pesar de que las circunstancias del mercado en 1998 eran completamente diferentes a las actuales.
Palacios destacó que, a finales de la década de 1990, los puertos panameños manejaban unos 600,000 mil TEUs al año, cifra que actualmente supera los ocho millones de TEUs anualmente. Además, el Estado panameño invirtió $5,500 millones en la ampliación del Canal, que ahora permite el tránsito de embarcaciones con el doble de capacidad.
“Estamos concesionando para luego pagar alquileres. En 25 años solo nos dieron $55 millones, y ahora tenemos que pagarles $3.5 millones en alquileres. Esto es un atraco”, concluyó el diputado Palacios.