Algunos de los excarcelados tienen “graves problemas de salud que han sido ignorados durante años por las autoridades”, denunció la ONG
Era ya de noche en La Habana cuando el gobierno cubano informaba, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que el presidente Miguel Díaz-Canel había comunicado al Vaticano su decisión de liberar a “553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley”, informaron medios de prensa internacional.
Había pasado una hora desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, donde había estado consecutivamente desde el 2021 cuando fue incluido bajo mandato de Donald Trump.
En Washington, Biden anunciaba su decisión tan solo cinco días antes de dejar el poder, justificando la “rescisión” de la inclusión de la Isla en la lista basándose en que “el Gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante los seis meses precedentes” y “ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro”.
En la capital cubana solo se supo que habría 553 excarcelaciones, sin información oficial sobre quiénes serían los beneficiados o bajo qué condiciones saldrían de los calabozos. Tampoco hay certezas de si se trata de presos políticos o de otros procesados también.
Este miércoles, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Rosa Rabelo, declaró a la televisión estatal que los “beneficios de excarcelación anticipada” se han dado a procesados por delitos “disímiles”.
La funcionaria enumeró: “Delitos patrimoniales como delitos de hurto, robo con fuerza. Hay amenazas, hay lesiones, hay desórdenes. También hay algunas personas que fueron sancionadas por sedición, pero la sedición no es un delito político”.
El delito de sedición fue el imputado a los manifestantes del 11 de julio de 2021 -el último ciclo de protestas masivas en Cuba- que recibieron las condenas más altas, hasta 20 años de prisión cuando fueron anunciadas.
Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por EE.UU de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar y que, junto a otras dos medidas adoptadas, ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 14, 2025
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó una lista de 14 primeros excarcelados este miércoles, “sin que se conozca todavía la magnitud total de la operación”.
Varios de los beneficiados fueron encarcelados en 2021, incluyendo a Rowland Castillo, que tenía 17 años cuando fue detenido, y varias otras personas que fueron incluso buscadas en sus casas luego de participar en protestas.
En su comunicado, el OCDH afirmó que el acuerdo de sacar de prisión a 553 detenidos “aparentemente también beneficia a comunes”, y destaca que la cifra de sentenciados por motivos políticos supera el millar.
Algunos de los excarcelados tienen “graves problemas de salud que han sido ignorados durante años por las autoridades”, denunció la ONG, como el caso de Reyna Yacnara Barreto Batista, liberada con “licencia extrapenal” por el Tribunal Supremo, con una sentencia que ahora sí admite su enfermedad psiquiátrica.
La organización Prisoners Defenders (PD) advertía que el vocabulario ambigüo del Ministerio de Relaciones Exteriores les hacía temer que no se tratara de liberaciones sino de excarcelaciones, dos palabras que aparecen utilizadas como sinónimos en el comunicado gubernamental, sin serlo, además de en las palabras de la funcionaria del Tribunal Supremo.
“Si esto se confirmara, la noticia no sería tan positiva como quiere el régimen cubano hacerla parecer. Excarcelar, en Cuba, no es liberar. En ese caso, unos obtendrían la libertad condicional, otros quizá licencias extrapenales, y otros una serie de subsidios de pena, entre los que se incluye el trabajo forzoso sin internamiento”, señala un texto difundido por la ONG tras conocerse la noticia.