Alegan que el decreto presidencial es “ilegal” y atenta contra la Constitución
Un grupo de 18 estados con gobiernos demócratas interpusieron este martes una demanda en contra del presidente Donald Trump en oposición a su intento por acabar con la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva, informó la agencia EFE.
El texto alega que el decreto presidencial es “ilegal” y atenta contra la Constitución, ya que en la Enmienda 14 se establece que toda persona nacida en suelo estadunidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El decreto de Trump, firmado por el republicano horas después de asumir su puesto, establece que las personas nacidas en Estados Unidos de padres indocumentados o con un estatus legal “temporal”-como una visa de trabajo o turista- no podrán obtener la ciudadanía estadunidense.
En el recurso legal, los estados – incluyendo Nueva York, Colorado, California y las ciudades de Washington y San Francisco- aseguran que el presidente “no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional” y señalan que, de ser implementada este medida, causaría un daño “inmediato e irreparable” a los residentes de sus jurisdicciones.
En la práctica, la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emitiera pasaportes a los niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
Eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Trump ya había amenazado con revocar este derecho mediante una orden ejecutiva durante su primer mandato, aunque nunca llegó a hacerlo.
Un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, un instituto sin afiliación partidista, recoge que actualmente la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución implica que los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, el estudio advirtió que el Tribunal Supremo “no ha zanjado firmemente la cuestión en la era moderna”, por lo que posibles desafíos legales podrían modificar la interpretación actual.