Sostiene que “no puedo quitar una concesión a la brava porque alguien me lo pide. Guste o no, tenemos que respetar el Estado de derecho”
Panamá “no es un país de quitar concesiones o romper las leyes”, dijo el presidente José Raúl Mulino, al referirse a las presiones de mandatario estadunidense, Donald Trump, para que el Ejecutivo cancele el contrato a la empresa multinacional Hutchison Ports PPC, porque supuestamente está controlada por el régimen de China.
“No puedo quitar una concesión a la brava porque alguien me lo pide. Ese no es el clima que queremos proyectar de país a inversionistas extranjeros. Guste o no, tenemos que respetar el Estado de derecho”, afirmó Mulino.
En ese aspecto, el presidente señaló que “pareciera que existe una confusión entre el Canal y los puertos, que debe ser aclarada”, pues analistas señalan que las palabras de Trump apuntan a supuestas empresas de China que operan los puertos en las riberas de la vía interoceánica.
“Los puertos adyacentes, todos, no tienen injerencia en la administración del Canal. Ninguna. Ni en su funcionamiento, control o mantenimiento. Son, como bien se denominan, actividades auxiliares. Es decir, sirven un propósito en la navegación que usa el Canal, pero no tienen que ver absolutamente nada con el Canal”, remachó Mulino.
Los cinco principales puertos de Panamá son operados por multinacionales de Estados Unidos, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Dos de estos puertos, Balboa y Cristóbal, los opera una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, una multinacional con sede en Hong Kong, que ahora está siendo auditada por las autoridades panameñas.
Mulino señaló que “si un tercio de lo dicho fuera verdad sobre la presencia de China en el Canal, como sostiene Trump, habría problema” pero “no lo existe y porque no lo hay. Tan sencillo como eso”.
Rechazó las aseveraciones de Washington acerca de que los puertos administrados por Hutchison Ports PPC afectan la seguridad del Canal. “Hasta este momento no puedo especular sobre semejante cosa, hay que ser responsables en ese tema, y mi gobierno se ha caracterizado por no especular en ese tema”, afirmó el gobernante.
Se refirió a la auditoría iniciada a la concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal. Esos puertos “no están en dominio de gobiernos o fuerzas militares de nación alguna, los panameños tenemos un control sobre ellos”.
En ese contexto es que se lleva a cabo una auditoria por parte de la Contraloría General de la República (CGR), que Mulino calificó como “un hecho inédito en la historia de nuestro país en cuanto al control de la autoridad gubernamental”
Hay un contrato y es ley entre las partes. La concesión está siendo auditada en forma exhaustiva”, explicó Mulino y pidió esperar el resultado de esas diligencias.
“Si de la auditoría emergen temas sensitivos que interfieran con la continuidad de la concesión lo veremos y lo estudiaremos”, anticipó el presidente.
Al respecto, Hutchison Ports PPC informó que ante la nueva auditoría iniciada por la CGR “está cooperando plenamente y con la debida transparencia”.
Recordó que en los años 2020 y 2021, la empresa fue objeto de auditorías por parte de la CGR y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que “demostraron el íntegro cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales”.
La empresa también informó en un comunicado, que ha pagado en los últimos tres años $59 millones al Estado panameño, adicional a $38 millones en concepto de tarifa por movimientos de contenedores.
Hutchison Ports PPC destacó, al mismo tiempo, que en el 2021 pagó $165 millones en dividendos y aportes extraordinarios, de los cuales $35 millones fueron adelantados en concepto de dividendos, a petición del propio Estado panameño, para enfrentar la crisis financiera.
En la actualidad, Hutchison Ports PPC es el único operador portuario en el país en donde el Estado es accionista, habiendo pagado $658 millones desde el inicio de la concesión en 1997, superando con creces las contribuciones de cualquier otra empresa portuaria en Panamá.
“Desde nuestra llegada, hemos contribuido a la economía nacional con más de $5,900 millones, incluyendo valor agregado, efectos indirectos, dividendos y pagos al Estado”, resaltó la empresa portuaria.