El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y diversos gremios empresariales rechazaron este martes la inclusión de su país en la primera lista negra de paraísos fiscales que adoptó la Unión Europea
Para el mandatario, Panamá ha hecho un “gran trabajo” y “ha dado pasos importantes” para no aparecer en este tipo de listas. Sin embargo, “damos los pasos y entonces se ponen nuevas exigencias”, reclamó.
“Panamá no es ningún paraíso fiscal”, agregó el presidente, quien adelantó que su gobierno reclamará a los niveles diplomáticos “más altos”.
Por otro lado Los gremios empresariales más importantes del país rechazaron y lamentaron las medidas discriminatorias por parte de la Unión Europea (UE), que incluyó a Panamá en una lista negra de paraísos fiscales; al mismo tiempo catalogó de inaceptable que no se entendieran los esfuerzos que Panamá en elaboración de leyes como estructuras para ser más transparente en materia fiscal.
La Asociación Panameña de Ejecutivos (Apede) señaló que estas imposiciones externas tienen un impacto y generan un sacrificio al país. A parte de restarnos competitividad, los impactos tangibles a mencionar son los depósitos internacionales en el sector bancario cayendo 8%, merma en los negocios marítimos y poco a poco en la muerte de los negocios de sociedades anónimas, a cambio de más sanciones.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea adoptaron este martes su primera lista de 17 paraísos fiscales que operan fuera del bloque europeo, e incluyeron a Panamá junto a Bahréin, Barbados, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.
El país centroamericano se vio sacudido el año pasado por el escándalo de los Panama Papers, una divulgación de documentos que mostraba cómo desde un despacho panameño de abogados se crearon numerosas sociedades opacas, algunas de ellas utilizadas para evadir impuestos o blanquear dinero procedente de actividades ilícitas.
Tras esa publicación, el gobierno panameño aceleró una serie de reformas para blindar su sistema financiero, como anular las acciones al portador, y se comprometió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a intercambiar información tributaria con más de un centenar de países.
La semana pasada, el gobierno panameño anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para que la evasión fiscal pase a ser delito a partir de los 300.000 dólares, castigado con penas de prisión de 2 a 5 años y una multa de hasta 10 veces el importe defraudado.
Actualmente en Panamá la evasión fiscal es una falta administrativa y no un delito, por lo que no implica pena de cárcel.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) rechazó esta inclusión: “Como panameños lamentamos estas medidas injustas y discriminatorias de parte de la Unión Europea. Es inaceptable que no se entendieran todos los esfuerzos que Panamá ha realizado tanto en elaboración de leyes como estructuras para ser más transparente en materia fiscal”.