El gobierno les otorgo un permiso temporal humanitario por 30 días, prorrogables hasta 90, para encontrar una salida a su situación
Miembros de la comunidad LGTBI de Rusia o de minorías religiosas y étnicas de Irán, Sri Lanka o Afganistán que fueron expulsados de Estados Unidos y llevados en avión a Panamá, se encuentran ahora en un limbo al negarse a ser repatriados a sus países de origen, donde son víctimas de ataques sistemáticos o sus vidas corren peligro, informó la agencia EFE.
Los miembros de la minoría chií hazara en Afganistán, por ejemplo, sufren atentados frecuentes perpetrados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) o los propios talibanes, que los consideran apóstatas. Solo en la última década han muerto centenares de miembros de esta comunidad en ataques suicidas, como el que cometieron en el 2021 contra una escuela femenina en Kabul, en el que murieron 110 personas, en su mayoría niñas.
Forman parte del grupo de 299 migrantes irregulares extracontinentales que el pasado febrero fueron enviados en tres vuelos por Estados Unidos en el marco de un acuerdo que convirtió a Panamá en país “puente” para su repatriación.
De ellos, al menos 187 retornaron o esperan regresar a sus países de manera “voluntaria”, según las autoridades panameñas, y 112 rechazaron hacerlo, temerosos muchos de ellos por sus vidas.
Ahora esperan en un hotel de la capital panameña, a donde llegaron en los últimos días desde un albergue próximo a la selva del Darién, después de que el gobierno les otorgara la semana pasada un permiso temporal humanitario por 30 días, prorrogables hasta 90, para encontrar una salida a su situación.
Mientras tanto, en el hotel, varias organizaciones católicas que forman parte de la Red CLAMOR (la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas), cubren sus costes de alojamiento y alimentación, además de darles apoyo legal.
Alberto Agrazal, promotor comunitario de Fe y Alegría, que forma parte de la red, que por el momento están apoyando a 45 migrantes en el hotel, sobre todo de Pakistán, Irán, países africanos o Nepal, y esperaban que llegasen a lo largo del día otros 22 procedentes del albergue en Darién.
La abogada especialista en migración Jenny Soto Fernández, que colabora con la Pastoral de Movilidad Humana -parte de la Red CLAMOR-, definió como un “rompecabezas” la situación de estos migrantes desde su llegada a Panamá, donde las autoridades no han dado “el apoyo como se debe”.
Soto detalló que Estados Unidos no entregó a estos migrantes ninguna documentación como deportados, muchos de ellos incluso no tenían pasaporte, y tampoco se les selló su entrada en el país, por lo que “esa es una ilegalidad que ha cometido el mismo Migración”, dando un visado “temporal por razones humanitarias sin tener un sello de entrada, eso es incongruente”.
La abogada ve como la salida más factible que soliciten asilo político en Panamá o, si no están interesados en quedarse en el país, “pueden acudir a cualquier embajada o consulado” para solicitar “algún tipo de refugio”.