Se trata de siete procesos legales por $57,000 millones que la empresa minera mantiene contra Panamá y que suspenderá como señal de buena fe hacia el gobierno de Mulino
Cobre Panamá decidió suspender los procesos arbitrales que mantiene contra el Estado, informó este viernes a través de un comunicado, Manuel Aizpurúa, gerente país de la empresa minera.
“Hemos girado instrucciones a nuestros abogados para reunirse con el equipo legal del gobierno para trabajar en la suspensión de los arbitrajes”, dijo Aizpurúa.
Se trata de al menos siete procesos arbitrajes cuyo monto asciende a $57,000 millones contra el Estado.
“Mientras damos estos próximos pasos, nuestra visión para el futuro de Cobre Panamá sigue siendo clara: garantizar un futuro responsable y transparente para este proyecto, respetando a nuestras comunidades y al medio ambiente y generando beneficios tangibles para Panamá y su gente”, dice el documento.
Las declaraciones de Aizpurúa surgen luego de que el gobierno panameño advirtió que no iniciaría ninguna conversación formal con la empresa minera mientras los arbitrajes contra el Estado estuvieran vigentes.
Cualquier acercamiento futuro solo será posible si la empresa muestra buena voluntad, suspendiendo de inmediato los procesos arbitrales en curso”, dijo el presidente José Raúl Mulino.
Aizpurúa dijo haber escuchado atentamente las declaraciones del presidente Mulino en relación con la autorización para reiniciar la planta de generación eléctrica y exportar el concentrado de cobre. “Estas acciones brindan estabilidad inmediata para el bienestar del país, preservan los empleos, garantizan una gestión responsable del sitio y salvaguardan el medio ambiente”.
“Esto forma parte de un proceso transparente y constructivo que conduce a una solución en beneficio de los trabajadores, las comunidades, los proveedores y todos los panameños”, dijo Aizpurúa.
La presidencia explicó que la reactivación de la planta eléctrica que autorizó Mulino, pondrá a disposición 300 megavatios para el sistema eléctrico nacional, contribuyendo a la estabilidad energética del país y no tiene ninguna relación con la actividad minera, la cual permanece detenida en cumplimiiento del fallo de inconstitucionalidad.