En México hay más de 52,000 personas sin identificar en morgues y cementerios y miles de restos calcinados que solo pueden cuantificarse por kilos
El reciente hallazgo en Teuchitlán, en el occidente de México, de un rancho con restos óseos y más de 700 objetos personales que fue utilizado por el crimen organizado como centro de reclutamiento y también “de exterminio”, ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad que no es nueva en México aunque los gobiernos intenten evadirla, informó el medio Listín Diario, citando agencias de prensa internacional.
Las autoridades localizaron en septiembre el rancho, ubicado en territorios del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero inexplicablemente la investigación no avanzó. Tampoco esto es nuevo.
En los últimos 15 años se ha multiplicado la localización de lugares como estos donde distintos cárteles desaparecen a sus víctimas y en algunos también dejaron muestras de reclutamientos forzosos.
Son fincas, barrancos, zonas lacustres o construcciones donde se han enterrado, quemado o disuelto a personas bajo el presupuesto de que si no hay cuerpo, no hay delito.
En México hay más de 52,000 personas sin identificar en morgues y cementerios y miles de restos calcinados que solo pueden cuantificarse por kilos.
Al igual que la cifra de desaparecidos no deja de crecer desde el 2006 -ahora oficialmente hay más 120,000-, tampoco se ha detenido el hallazgo de esos lugares, generalmente gracias al trabajo de colectivos de familiares.
La administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador habló por primera vez de “sitios de exterminio”, pero los expertos piden cautela para que un concepto tan impactante no suponga un análisis simplista de procesos criminales complejos, dice el antropólogo Luis Fondebrider, exmiembro del Comité Internacional de la Cruz Roja.
También para “no banalizar” un término ligado a delitos de lesa humanidad, comenta Santiago Corcuera, asesor de varios organismos de Naciones Unidas.
En el 2009, la confesión ante las autoridades de un hombre estremeció a México. Santiago Meza, dijo que su trabajo entre 1996 y el 2009 fue deshacer en “sosa cáustica” entre 150 y 300 cuerpos en fincas del Cártel de Tijuana. Los arrojaba en contenedores metálicos sin verles la cara. Luego, enterraba los restos o los tiraba a arroyos o drenajes.
Dijo que no era el único ni el primero que disolvía cuerpos y reveló cinco lugares específicos que tardaron años en revisarse. En el 2017 se ubicó uno de ellos con miles de fragmentos óseos.
En el 2011 se halló medio centenar de fosas con casi 200 cuerpos en San Fernando, Baja California, la misma localidad del noreste del país donde, un año antes, habían sido asesinados 72 migrantes en un rancho.
En esos enterramientos, atribuidos a los Zetas, también se encontraron rastros de cómo algunos jóvenes era obligados a luchar entre ellos con mazos y si sobrevivían los incorporaban a las filas del cártel.
También fueron localizadas grandes fosas presumiblemente abiertas con excavadoras, unas de Veracruz, en el Golfo de México, a las que se llegó porque un informante anónimo entregó a un colectivo de familiares un mapa con la ubicación.
La cárcel de Piedras Negras, en Coahuila, fue un centro de operaciones y ejecuciones del cartel de Los Zetas al menos entre el 2010 y el 2011. Pudo ser un secreto a voces en la localidad pero la sociedad mexicana solo supo lo que realmente pasaba allí en 2017, cuando el Colegio de México publicó una investigación basada en expedientes oficiales.
Se descubrió que 20 cocineros tenían la tarea de disolver en tanques de 200 litros de diésel los cadáveres de sus víctimas que, en ocasiones, eran asesinadas allí de un disparo o un martillazo en la cabeza y a veces desmembradas.
En el 2022, las autoridades recuperaron más de 500 kilos de restos óseos de ese lugar y los trabajos aún continúan en las Bartolinas de Tamaulipas.
En todo Tamaulipas se han localizado, al menos, 15 lugares que los servicios periciales estatales consideraron “sitios de exterminio”.