En su persecución contra el sistema judicial dice que la jueza “se inventó” un procedimiento propio y se entrometió en las facultades del Fiscal
El régimen ultraderechista argentino presentó este lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, quien liberó 114 detenidos el pasado miércoles, 12 de marzo, durante la marcha por los jubilados en las inmediaciones del Congreso de la Nación, informó la agencia EFE.
El ultraderechista Javier Milei acusa a la jueza de los delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
El Ministerio de Seguridad Nacional, que dirige Patricia Bullrich, presentó la denuncia contra la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el fuero federal por “las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha”, según un comunicado oficial.
La denuncia, presentada por el abogado Fernando Oscar Soto en representación del Ministerio, afirmó que la jueza falló sin analizar las pruebas, considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales.
“La Magistrada omitió la aplicación de las normas procesales (que son de aplicación diaria y común en todos los procesos) y ´se inventó´ un procedimiento propio, por el cual se arrogó la facultad de entrometerse en las facultades del Fiscal, sin conocer el caso y sin tener habilitada la jurisdicción por una controversia entre las partes, otorgando la libertad de los detenidos en flagrancia”, afirmó el documento presentado en la Justicia.
La denuncia afirma también que la jueza dictó su resolución “a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía”.
El régimen argentino había presentado otra denuncia penal en la Justicia federal contra quienes considera promovieron la marcha por los jubilados, que alcanza, entre otros, a dos alcaldes opositores y a “grupos organizados” de “barra bravas” de fútbol, a los que señala como responsables de haber “promovido los disturbios con fines desestabilizadores” en la marcha de los jubilados.
Les acusó de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada, delitos para los que se contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
En la movilización, ocurrida en el centro de Buenos Aires, participaron sindicatos, organizaciones sociales e hinchas de fútbol, en solidaridad con los jubilados que cada miércoles reclaman ante el Congreso una actualización en sus pensiones, cuyo nivel es paupérrimo.
Las fuerzas de seguridad federales y la policía de la capital se enfrentaron contra los manifestantes para dispersar la protesta, con un saldo de 46 heridos -uno de ellos grave- y 124 detenidos.