La deportación de migrantes hacia El Salvador hace saltar alarmas del alto tribunal sobre medida cuya supuesta legalidad se ampara en ley del siglo XVIII
El choque de Donald Trump con la Justicia se intensifica a un ritmo vertiginoso y ha dejado este martes un momento extraordinario, informa el diario el Periódico.
Horas después de que el presidente de Estados Unidos insultara al juez que este fin de semana intentó, sin éxito, suspender la deportación de migrantes desde suelo estadunidense hacia El Salvador y pidiera que el magistrado fuera destituido, mediante un juicio político, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió un inusual comunicado público en el que ofreció una breve pero contundente defensa del poder judicial frente a los ataques del mandatario.
“Durante más de dos siglos ha quedado establecido que el ‘impeachment’ [destitución] no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, ha escrito el juez Roberts. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.
La inusual amonestación a Trump ha llegado después de que este llamara, en una publicación de la red social Truth Social, “lunático radical de izquierda”, “agitador” y “alborotador” a James Bosberg, mientras este estudia la demanda contra la administración Trump. Este juez de distrito, con sede en Washington, ordenó el sábado que se detuviera los vuelos que llevaban a migrantes fuera de las fronteras estadunidenses para lo que Trump se ha amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada históricamente solo en tiempos de guerra.
En la retórica de Trump, ante lo que llama una ocupación de inmigrantes que le ha valido para declarar el estado de emergencia, esta ley de hace tres siglos le sirve para expulsar a supuestos pandilleros venezolanos.
Usando las redes sociales para trasladar su mensaje sin mediador, Trump ha subrayado que el juez Roberts fue “tristemente nombrado por Barack Hussein Obama” y ha dicho que debería ser expulsado de la judicatura, y ha añadido: “como muchos otros jueces corruptos”.
El mandatario ha insistido en que la lucha contra la migración ilegal que está llevando a cabo fue una de sus principales promesas de campaña y, “posiblemente”, la que le dio la victoria en las urnas.
“Solo estoy haciendo lo que los votantes querían que hiciera. Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería ser expulsado”, escribió Trump.
No es la primera vez en que Roberts, que preside el más alto tribunal de Estados Unidos, ha emitido un comunicado público para defender la justicia ante los ataques de Trump.
Lo hizo en el 2018, en su primera legislatura, después de que el republicano le tachara de “juez de Obama” a un magistrado que dictó una sentencia contra una de sus políticas de asilo. Entonces Roberts reaccionó defendiendo la independencia e integridad de los jueces. Como este martes, no citó directamente a Trump.
“No tenemos jueces Obama o jueces Trump, jueces Bush o jueces Clinton”, dijo entonces en un comunicado, defendiendo el sistema estadunidense por el que cada presidente nombra a los magistrados para llenar las vacantes que dejan los que se retiran.
“Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que hacen todo lo posible para hacer lo correcto de igual a igual a quienes comparecen ante ellos. Ese poder judicial independiente es algo por lo que todos deberíamos estar agradecidos”, defendió.
La destitución de un juez federal ocurre en muy raras ocasiones y el presidente necesita el apoyo del poder legislativo para ello. Primero, la Cámara de Representantes tendría que ponerse de acuerdo por mayoría simple. Luego, necesitaría una mayoría de dos tercios en el Senado. Actualmente, aunque el Partido Republicano controla el Senado, no tendría la mayoría suficiente para sacar adelante la medida por sí solo y necesitaría un apoyo demócrata significativo e improbable.