Son más de 180 auditorías que lleva la Contraloría hecha a las entidades públicas
Anel Flores, contralor general de la República, manifestó que las auditorías avanzan y que, en la Asamblea Nacional de Diputados, hay 300 cheques de pagos retenidos, por lo que las personas tendrán que acudir al Ministerio Público para explicar sus funciones y registro de asistencia.
La planilla de la Asamblea es de $7,000 millones al mes y, si estuviéramos en una empresa privada, esta tendría que vender $20 millones al mes, lo que se traduce en $240,000 millones al año. “Son esos los abusos que reclama el pueblo panameño; mi trabajo es fiscalizar los recursos de la nación”, afirmó.
“Me estoy ganando muchos enemigos porque se está rompiendo el estatuto, pero se está haciendo el trabajo y espero que el Procurador General de la Nación nos acompañe, ya que le estamos dando todos los elementos probatorios para que actúe”, aseguró el contralor.
Flores aseguró que hay que colocar relojes de marcación, pero solo los utilizan los servidores que van todos los días. Sin embargo, hay un sinnúmero de funcionarios que no marcan y hasta son exceptuados de esa obligación. En las provincias hay una Oficina de Participación Ciudadana, y tal es el caso de la provincia de Herrera, donde hay más gente trabajando en esa oficina de la Asamblea que en la Contraloría, lo cual se debe eliminar.
El contralor aseveró que es inaceptable que existan clanes familiares o feudos. Hay exdiputados que estuvieron en la Asamblea hace más de 40 años, pero siguen cobrando en la planilla, e incluso se heredan los puestos. “Hay 140 conductores en la Asamblea, no tienen vehículos para manejar y perciben salarios de $3,000”, denunció.
Expresó que se han realizado más de 180 auditorías a las juntas comunales, especialmente en la ciudad. Los representantes y demás integrantes serán llamados para que expliquen el manejo de los fondos. “Algunos de los dineros de las juntas fueron utilizados para temas de campaña política”, dijo Flores.
La sociedad civil ha respaldado la labor de la Contraloría en su esfuerzo por evitar el mal uso de los recursos del Estado.