La medida de Chiquita se dio tras la declaración de ilegalidad de una huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines
La economía de la provincia de Bocas del Toro atraviesa una de sus peores crisis en décadas tras el despido masivo de unos 4,800 trabajadores por parte de la empresa transnacional Chiquita, en medio de un conflicto sindical que mantiene bloqueada la localidad de Changuinola desde hace un mes, informó la agencia EFE.
La medida de Chiquita, que controla el 90% de la producción nacional de banano, se dio tras la declaración de ilegalidad de una huelga convocada por el Sindicato de Trabajadores del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana).
El paro, originado por una reforma a la seguridad social que redujo beneficios laborales, derivó en la salida de miles de trabajadores, una acción que la empresa justificó por abandono del trabajo y pérdidas superiores a los $75 millones.
“El impacto es enorme. Por cada trabajador despedido, hay entre cinco y seis personas afectadas”, advirtió el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien destacó que Bocas del Toro tiene una tasa de pobreza multidimensional del 38,9 %, una de las más altas del país.
“Salvar los empleos en esta región es un acto de grandeza”, afirmó en un mensaje publicado en la red social X.
La ciudad de Changuinola, es el epicentro de la protesta, allí, los bloqueos de calles continúan y las restricciones de movilidad afectan severamente la actividad económica.
Según Aris Pimentel, presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, casi toda la economía gira en torno a Chiquita, lo que deja a la provincia en una situación súper difícil.
“Hay escasez de productos básicos, no hay ingresos y muchos comercios podrían no volver a abrir”, alertó Pimentel, quien denunció una creciente falta de liquidez tras más de 30 días de crisis.
El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha iniciado negociaciones con el sindicato y propuso una modificación a la Ley 45, que regula los beneficios de los trabajadores bananeros.
La propuesta será presentada esta semana al Parlamento, según la ministra del Trabajo, Jackeline Muñoz, aunque no ha logrado convencer a los dirigentes sindicales, que insisten en derogar la reforma al seguro social.
El Ejecutivo también ha conformado una comisión de alto nivel para enfrentar la emergencia y busca mantener a Chiquita operando en el país.
Sin embargo, el clima de tensión persiste y los gremios de educadores y trabajadores de la construcción se han unido al rechazo de la reforma, mientras el Gobierno mantiene firme su posición de no derogar la ley.
La industria bananera, que aporta el 17,5 % de las exportaciones de Panamá y generó $324.4 millones de en el primer trimestre del año, se tambalea en una provincia donde más de 7.000 empleos directos dependen de su continuidad.