La denuncia incluye una fuerte crítica a las acciones del Estado panameño
La Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA/TUCA) condenó enérgicamente la escalada de persecución contra el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).
La denuncia incluyó una fuerte crítica a las acciones del Estado panameño, al que se le acusa de violar los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente los relacionados con la libertad sindical.
Marta Pujadas, presidenta del Comité Internacional de Mujeres de la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), advirtió sobre las consecuencias globales de la situación panameña.
“Lo que está pasando en Panamá, con acoso legal a líderes sindicales y violencia política, envía un mensaje mucho más allá de sus fronteras. Cómo reaccionamos es una prueba de nuestra determinación colectiva, y la acción inmediata de los sindicatos en más de 40 países demuestra el poder de la solidaridad global”, dijo Pujadas.
A pesar de las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en su Informe, las organizaciones internacionales denuncian que el gobierno panameño ha ignorado ampliamente las siguientes directrices.
Entre las principales denuncias presentadas por los sindicatos panameños ante la OIT se encuentran: El cierre de cuentas bancarias del SUNTRACS y cuentas personales de sus dirigentes, la criminalización del derecho a huelga.
Además una campaña estigmatizante desde el propio Ejecutivo, con declaraciones del presidente y el ministro de Trabajo y la judicialización de líderes sindicales, con redadas, persecuciones y arrestos.
En este contexto, la CSA denunció las recientes redadas violentas a las oficinas de SUNTRACS y las órdenes de arresto emitidas contra toda la directiva del sindicato.
Saúl Méndez, secretario general del SUNTRACS y vicepresidente de la ICM, buscó asilo político en la embajada de Bolivia en Panamá; mientras que Jaime Caballero fue arrestado y trasladado a una prisión de máxima seguridad. Otro dirigente, Erasmo Cerrud, permanece prófugo.
“La situación en Panamá representa un flagrante atentado a los derechos fundamentales de los trabajadores, una amenaza directa a las libertades sindicales en la región y el mundo”, afirmó la CSA en un comunicado conjunto.
Como resultado de estas violaciones, Panamá ha sido reincorporado a la lista de países que incumplen gravemente sus obligaciones laborales, lo que podría conllevar sanciones o restricciones en el marco de convenios internacionales.
Organizaciones sindicales de más de 40 países ya han expresado su respaldo a SUNTRACS y exigen que el gobierno panameño cese inmediatamente la represión, respete los convenios internacionales y restablezca los derechos fundamentales de los trabajadores.