A muchos estudiantes ahora enfrentan serias dificultades para ingresar a la universidad
La educación en Panamá atraviesa una crisis profunda, y es que a los más de 500 días de suspensión de clases registrados desde el 2023, se suma un reciente paro de al menos 82 días, lo que ha generado una seria preocupación entre especialistas y organizaciones del sector educativo.
La situación, advierten, ha afectado gravemente el aprendizaje de miles de estudiantes, muchos de los cuales ahora enfrentan serias dificultades para ingresar a la universidad.
La especialista en educación Nivia Roxana Castrellón indicó que, más allá de los mecanismos establecidos por el Ministerio de Educación (MEDUCA) para recuperar clases, es urgente atender aspectos estructurales que comprometen la calidad y equidad del sistema educativo.
“El primer paso debe ser realizar un diagnóstico que incluya información sobre cómo esta situación ha afectado especialmente a los estudiantes en condición de vulnerabilidad educativa”, señaló Castrellón, quien alertó sobre dos posibles consecuencias: el rezago escolar y la deserción del sistema.
Uno de los mayores temores es que Panamá continúe incorporando a su sociedad a más “ninis” —jóvenes que ni estudian ni trabajan—, un fenómeno que, según datos, ya registra un crecimiento mensual de mil nuevos casos en el país.
Para evitar esta tendencia, Castrellón propuso tomar como referencia modelos exitosos en la región, como el de Chile, donde el sistema educativo realiza un control diario de la asistencia escolar, también recomendó reorganizar la jornada escolar y adaptar los métodos de enseñanza a la realidad de los estudiantes.
“Las oportunidades educativas no se construyen solo con el calendario escolar, sino con la jornada escolar. Mientras en escuelas particulares hay siete horas de clases, en las oficiales apenas son cuatro horas y media”, explicó.
La experta también identificó los grupos más afectados por las interrupciones del sistema educativo: Niñas por su situación de vulnerabilidad particular, comunidades indígenas con acceso limitado a recursos educativos y estudiantes con desventajas socioeconómicas.
Ante este panorama, Castrellón propuso implementar estrategias que prioricen conocimientos y niveles reales de aprendizaje, agrupando a los estudiantes según su nivel de rezago, en lugar de los grados tradicionales.
“Necesitamos intervenciones muy enfocadas y herramientas pedagógicas efectivas como los derechos fundamentales de aprendizaje”, aseguró Castrellón.