Alegan violaciones constitucionales y denuncian riesgo de desplazamiento forzoso por parte de la Autoridad del Canal
Un grupo de más de 50 campesinos interpuso este jueves una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el objetivo de detener el proyecto de construcción de un nuevo embalse en la zona de Río Indio, propuesto para garantizar el abastecimiento de agua al Canal y a más del 50% de la población del país, informó la agencia EFE.
El proyecto, con una inversión estimada de $1,600 millones y la promesa de 2,700 empleos directos, ha sido priorizado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y respaldado por el gobierno de José Raúl Mulino, sin embargo, implica la construcción de una represa que inundaría 4,600 hectáreas, desplazando a comunidades rurales asentadas en la zona por generaciones.
“Nos quieren desalojar de nuestras tierras. Con esta ley, nadie sabe si ir a sembrar mañana o a empacar para irse”, denunció Dina Benítez, presidenta de la Coordinadora Campesina por la Vida, frente al edificio de la Corte, rodeada de vecinos que portaban pancartas.
El abogado de los campesinos, Santander Tristán, explicó que la demanda argumenta seis posibles violaciones constitucionales, principalmente en materia ambiental y de derechos humanos.
Una de las más destacadas es el desconocimiento del Acuerdo de Escazú, tratado internacional adoptado en el 2018 que protege a defensores del medioambiente y promueve la participación ciudadana en decisiones que impactan el entorno natural.
“El título constitucional del Canal no es una patente de corso para que la Autoridad haga lo que quiera. No puede ser juez y parte en decisiones que afectan profundamente a otras comunidades”, declaró Tristán a EFE.
La ACP sostiene que el embalse de Río Indio es urgente y estratégico, especialmente después del impacto del fenómeno de El Niño entre el 2023 y el 2024, que obligó a restringir los tránsitos diarios por falta de agua.
El nuevo embalse contempla una presa de concreto compactado con rodillo, un túnel de 9 kilómetros de largo y una conexión por gravedad hacia el lago Gatún, que junto a Alhajuela alimenta el sistema del Canal, no obstante, para los pobladores locales, el impacto sería devastador.
“Queremos vivir y morir en Río Indio. Ese río es nuestra vida, nuestra historia, nuestra cultura. No nos pueden sacar así, como si no valiéramos”, expresó Benítez.
Mientras el Canal proyecta ingresos récord de más de $5,623 millones para el año fiscal 2025 y defiende el embalse como vital para el comercio global, las comunidades rurales exigen un proceso transparente, justo y con alternativas de reubicación claras.
La CSJ deberá ahora evaluar la constitucionalidad del proyecto y decidir si se paraliza su ejecución mientras se resuelve el fondo del caso, la decisión podría sentar un precedente clave sobre el equilibrio entre el desarrollo de infraestructura estratégica y los derechos de las comunidades afectadas.