La Corte Suprema deberá decidir si acepta o rechaza la advertencia presentada por PPC, lo que podría definir el destino de la demanda de nulidad contra la prórroga hasta el 2047
La disputa legal por la renovación del contrato de concesión entre Panama Ports Company (PPC) y el Estado panameño dio un nuevo giro, tras vencer el plazo de notificación, mediante el cual la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral remitió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la firma Morgan & Morgan Legal, en representación de PPC, informó TVN Noticias.
La advertencia guarda relación con la primera demanda de nulidad presentada en el 2021 por el abogado Roberto Ruiz Díaz contra la Nota y la Certificación, ambas emitidas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), las cuales autorizaron la prórroga automática del contrato extendiendo la concesión de PPC hasta el 2047.
El nuevo recurso cuestiona aspectos clave de la legalidad de esa prórroga, lo que obliga al Pleno a pronunciarse sobre la constitucionalidad antes de que el proceso de nulidad pueda continuar, esto suspende temporalmente el avance del caso, que ya había llegado a la fase de descargos.
“Si el Pleno falla en contra de la advertencia, el expediente regresará a la Sala Tercera para continuar con la presentación de pruebas; si la acepta, la demanda de nulidad muere automáticamente”, explicó Ruiz Díaz.
El caso, que lleva ya cuatro años, se complica aún más con la posibilidad de acumulación de procesos, ya que existen otras demandas relacionadas: Una de inconstitucionalidad presentada en el 2021 por Julio Macías y Norman Castro, y dos nuevas acciones —una de nulidad y otra de inconstitucionalidad— promovidas por el contralor general Bol Flores, admitidas por la Corte el pasado 1 de agosto.
Estas últimas acciones recaen en los despachos del magistrado Carlos Alberto Vásquez (Sala Tercera) y del magistrado presidente de la Sala Primera de lo Civil, Olmedo Arrocha, además, el procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy, fue notificado y tiene diez días hábiles para emitir sus conceptos.
Ruiz Díaz cuestionó la presentación de nuevas demandas por parte del contralor, señalando que debió constituirse como tercero interesado para no retrasar más el proceso.
También expresó sorpresa por la rapidez con la que la Corte admitió dichas acciones, lo que indica que podrían ser acumuladas con las presentadas desde el 2021.
La controversia legal se desarrolla en paralelo a la posible venta de las concesiones de los puertos de Balboa y Cristóbal, administrados por PPC, al consorcio CK Hutchison Holdings, lo que añade un componente estratégico y económico al conflicto.