Los afectados denuncia calumnia, injuria y afectaciones económicas por parte del Centro de Incidencia Ambiental y Adopta un Bosque Panamá
El abogado José María Castillo Villaverde, representante legal de la entidad Ochan Pacific Financial, que gestiona el proyecto Puerto Barú en la provincia de Chiriquí, anunció la presentación de dos querellas penales contra las organizaciones ambientalistas Centro de Incidencia Ambiental de Panamá y Adopta un Bosque Panamá, por los presuntos delitos de calumnia, injuria y afectaciones a la economía, informó el diario La Estrella.
Castillo denunció que ambas organizaciones han realizado declaraciones públicas que, según él, carecen de rigor técnico y que buscan desvirtuar un proyecto portuario que representa, el cual cuenta con todas las aprobaciones requeridas por más de diez entidades públicas, incluyendo el Ministerio de Ambiente de Panamá (MIAMBIENTE).
“Este proyecto ha cumplido con cada uno de los pasos legales, incluyendo estudios de impacto ambiental y revisiones por parte de las autoridades competentes”, señaló Castillo.
El conflicto gira en torno a afirmaciones hechas por las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s), que acusan al proyecto de causar daños ambientales en zonas sensibles, incluyendo manglares y áreas de reproducción de fauna marina como ballenas.
El abogado sostiene que dichas acusaciones son infundadas y que los canales diseñados para el proyecto cuentan con estudios nacionales e internacionales que garantizan su sostenibilidad ambiental.
“El ambiente debe cuidarse, pero también debe servir al desarrollo humano. No se puede usar el discurso ambiental como una herramienta para obstaculizar todo proyecto”, afirmó Castillo.
Añadió que las campañas públicas en contra del proyecto han generado preocupaciones a nivel internacional, afectando el financiamiento y la reputación de los inversionistas involucrados.
El proyecto, cuya primera fase representa una inversión de aproximadamente $300 millones, aún no ha comenzado su construcción, pero ya cuenta con todos los permisos necesarios, por lo que Castillo expresó que esperan iniciar obras antes de fin de año, a la espera de una última resolución pendiente en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
“Panamá necesita desarrollo con orden. Oponerse sistemáticamente a todo no es ambientalismo; es obstrucción al progreso”, concluyó el abogado.