El país intensifica sus acciones contra la pesca ilegal mientras se prepara para una nueva evaluación por parte del bloque europeo
Panamá no sabrá hasta principios del 2026 si logra salir finalmente de la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea (UE), que lo mantiene clasificado como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), informó Eduardo Carrasquilla, administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
“Panamá está dando los pasos correctos. Definitivamente estamos limitados de presupuesto, pero confiamos en que a inicios del próximo año podremos recibir la visita de la UE para demostrar que estamos cumpliendo con los compromisos”, dijo Carrasquilla.
Como parte del proceso, Panamá ha fortalecido su marco de control y vigilancia, y entre las acciones más recientes destaca la adquisición de un software de trazabilidad pesquera que permitirá certificar la legalidad de las capturas, requisito clave para la exportación hacia mercados europeos.
Además, la ARAP ha comenzado el nombramiento de 50 inspectores de pesca, quienes operarán de forma permanente en las 38 plantas procesadoras del país, así como en labores de campo a bordo de nuevas embarcaciones de fiscalización.
“Todo este conjunto de acciones creemos que en los próximos días ya podremos estar concretando todas estas tareas, que nos llevarán a estar en una posición real de control de nuestra pesca nacional”, añadió el administrador.
La pesca ilegal continúa siendo un problema, especialmente en áreas protegidas como la cordillera de Coiba, las zonas adyacentes al Parque Nacional Coiba y la región de Bahía Piña en Darién.
Según Carrasquilla, estas zonas sufren una alta incidencia de pesca ilegal, principalmente por parte de flotas nacionales que incumplen las restricciones y realizan pesca industrial en zonas prohibidas.
La UE exige pruebas documentadas de que Panamá está ejerciendo control efectivo sobre su flota pesquera, tanto en aguas nacionales como internacionales.
La ARAP asegura que está trabajando para cumplir con las normas de las organizaciones regionales de pesca que supervisan zonas como el Pacífico, Pacífico Oeste y el Atlántico.
Panamá fue sancionado con tarjeta amarilla por primera vez en el 2014 y logró salir de ella en el 2017, sin embargo, en el 2019 volvió a ser sancionado tras una etapa de bajo control e inversión.
Desde entonces, ha enfrentado dos auditorías (2020 y 2022) sin éxito en revertir la medida, una tercera auditoría, prevista para el segundo trimestre del 2025 y que podría haber resultado en una tarjeta roja, no se realizó.