El Tribunal Electoral defendió la asignación ante la Asamblea Nacional, mientras crecen las voces que exigen reducir el porcentaje destinado a este financiamiento
El Tribunal Electoral (TE) anunció que los nueve partidos políticos legalmente constituidos en Panamá recibirán un total de $10.9 millones en concepto de subsidio poselectoral para el año 2026, conforme lo establece el Código Electoral, informó el diario La Prensa.
La información fue revelada por los magistrados Narciso Arellano, Alfredo Juncá y Luis Guerra Morales, ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN).
El subsidio será repartido entre los partidos que conservaron su personería jurídica tras las elecciones generales del 2024, entre ellos se incluye al Frente Amplio por la Democracia (FAD), que recientemente celebró su convención constitutiva.
Según cifras actualizadas más de 1.5 millones de panameños están inscritos en partidos, siendo el PRD el que mantiene la mayor cantidad de adherentes, con 576,439 miembros.
Durante la sesión, el diputado independiente Betserai Richards cuestionó los criterios de distribución del subsidio, a lo que Bertha de Chang, directora de Finanzas del TE, respondió que el procedimiento está definido en el artículo 216 del Código Electoral.
Este establece que el 20% del fondo se reparte en partes iguales entre todos los partidos con personería, mientras que el 80% se distribuye según la cantidad de votos obtenidos en las cuatro elecciones principales, presidencial, diputaciones, alcaldías y representantes de corregimiento, los candidatos de libre postulación también reciben fondos en proporción a sus votos.
Además, el TE aseguró que los fondos son auditados por la Unidad de Fiscalización del Financiamiento Político, que verifica su uso correcto y transparente.
El financiamiento estatal a los partidos no está exento de críticas. Desde hace años, organizaciones civiles y algunos sectores políticos han cuestionado su magnitud.
En el 2020, la Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad del subsidio, al desestimar una demanda contra el artículo 190 del Código Electoral, que destina el 1% de los ingresos corrientes del Gobierno Central al financiamiento político.
No obstante, en el marco de las discusiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales presentó una propuesta para reducir ese porcentaje del 1% al 0,5%.
La vocera de las ONG en esa comisión, Olga de Obaldía, argumentó que la medida se justifica por el crecimiento del padrón electoral y el costo por voto, lo que demanda mayor eficiencia en el uso de fondos públicos.
La propuesta de reducción aún no ha sido debatida formalmente, ya que su discusión fue pospuesta.
Mientras tanto, el debate sobre el financiamiento público a los partidos sigue abierto, especialmente en un contexto de crecientes demandas ciudadanas por mayor austeridad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado.