“Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado. No es opcional, es un deber legal”, señala Bolo Flores
El contralor general, Bolo Flores, instruyó este lunes a las Direcciones de Auditoría Interna de todas las entidades públicas a garantizar la verificación estricta de los informes de rendición de cuentas, los cuales deben ser presentados mensualmente dentro de los primeros quince días del mes siguiente.
Mediante una circular, la Contraloría General de la República (CGR) recordó la “obligación ineludible” de cumplir con este deber, conforme a lo establecido en la Ley.
Señala que esta responsabilidad recae directamente en los agentes de manejo, es decir, quienes administran, custodian, invierten o autorizan el uso de recursos y bienes públicos.
Cada balboa que se recauda y administra en nombre del Estado debe estar sustentado y fiscalizado. La rendición de cuentas no es opcional, es un deber legal y un compromiso ético con el país”, señaló el contralor Flores.
La circular fue dirigida al presidente de la Asamblea Nacional (AN), ministros de Estado, la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal de Cuentas, magistrados del Tribunal Administrativo Tributario, fiscal de cuentas, procurador general de la Nación y procurador de la Administración.
También incluyó al magistrado presidente del Tribunal Electoral, fiscal electoral, rectores de universidades oficiales, defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, directores, gerentes y administradores generales de instituciones descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros y cualquier persona que reciba, invierta, custodie o administre bienes y fondos públicos.
La CGR reiteró que el dinero y los bienes del Estado deben manejarse con total transparencia.
“Rendir cuentas no es un trámite, sino una obligación de todos los que administran recursos públicos. Este proceso es fundamental para que la ciudadanía confíe en sus instituciones, asegurar una gestión responsable y evitar cualquier espacio para la mala administración o el uso indebido de fondos”, señaló la institución fiscalizadora.