El auge de comercios regentados por ciudadanos del país asiático arrincona a las pequeñas tiendas locales y se extiende al sector inmobiliario y minero
A mediados de julio del 2025, una adolescente entró maravillada en una tienda de bisutería china del Mercado Roberto Huembes, uno de los más concurridos de Managua. Recorrió pasillos atiborrados de mercancía asiática hasta detenerse en el área de cosméticos, fascinada por los colores brillantes y los empaques con letras incomprensibles para ella.
Tomó un labial, dispuesta a comprarlo, pero la dueña del establecimiento, una mujer china que apenas podía decir “hola” en español, la increpó con violencia.
Creyó que la adolescente intentaba robar y la golpeó. La muchacha estalló en llanto y, minutos después, decenas de nicaragüenses se agolpaban frente a la tienda reclamando, entre gritos, por la agresión.
El asunto no trascendió porque, según los comerciantes nicaragüenses del mercado, “los chinos tienen la protección del gobierno”. Es decir, del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ese episodio en el Roberto Huembes, junto a otras denuncias menos estruendosas de maltrato de empresarios chinos hacia empleados locales que nunca circularon en redes sociales, refleja una nueva tónica de creciente tensión en el comercio nicaragüense desde agosto del 2023, cuando el régimen sandinista suscribió un Tratado de Libre Comercio con Pekín.
El acuerdo comercial trajo un auge acelerado de tiendas asiáticas en el país centroamericano, un fenómeno que medios como Divergentes han bautizado como la “chinanización de la sociedad nicaraguense”, debido a la proliferación no solo de tiendas de bisuterías, sino de grandes almacenes, tiendas departamentales, tecnológicas, de calzado, juguetes, supermercados y una variedad sinfín de productos que arrinconan a emprendedores, pequeños y medianos empresarios nicaragüenses.
A partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la República Popular de China en diciembre del 2021, el régimen sandinista presentó el Tratado de Libre Comercio como la panacea a los problemas económicos de Nicaragua. Entró en vigor en enero del 2024, pero el país centroamericano, históricamente -y todavía hoy, pese a las diferencias políticas con el régimen Ortega-Murillo-, depende casi por completo de Estados Unidos como su principal socio comercial.
Datos del propio Banco Central de Nicaragua (BCN) reflejan que las importaciones desde China pasaron de $574 millones en el 2019 a $1,436 millones a finales del 2024.
En cambio, las exportaciones hacia ese país sumaron apenas $47 millones, lo que representó solo el 1,1% de las exportaciones totales de Nicaragua en ese año. En contraste, según cifras del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos alcanzaron $3,242 millones entre enero y octubre del 2024 y superaron los $4,300 millones al cierre del año. Las importaciones desde Estados Unidos rondaron los $2,000 millones, de acuerdo con registros oficiales.
La proliferación de comercios chinos también ha detonado otro conflicto a escala inmobiliaria. Con ofertas de entre $5,000 y $10,000 mensuales, empresarios asiáticos alquilan locales en puntos estratégicos de ciudades y cabeceras departamentales, cifras inalcanzables para los pequeños emprendedores nacionales.
Para muchos dueños de propiedades, resulta más rentable cerrar contratos con arrendatarios chinos y desalojar a comerciantes locales, aun si estos tenían años de trayectoria en los inmuebles.
El resultado es un efecto dominó: Ferreterías, panaderías, ventas de ropa usada y pequeños comercios familiares son sustituidos de un día para otro por megatiendas chinas, sostenidas por capital abundante y el respaldo político del régimen de Ortega y Murillo.
Los emprendedores locales, en cambio, quedan en desventaja no solo por la imposibilidad de competir con las rentas elevadas, sino también por la incertidumbre jurídica que rodea estos contratos, en un contexto donde los chinos reciben beneficios y privilegios sandinistas.
El desembarco chino no se limita al comercio minorista. En los últimos 24 meses, empresas asiáticas han obtenido 17 concesiones mineras que abarcan más de 236,000 hectáreas de territorio para la explotación de oro. Según datos oficiales, las firmas Zhong Fu Development S.A., Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. y Thomas Metal S.A. concentran el 45,9% de todas las concesiones aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas entre 2022 y 2024.
Un sondeo de opinión realizado por el organismo Hagamos Democracia reveló que un 75% de los encuestados opinaron que las alianzas con China (además de Rusia e Irán) son “negativas”.
Al ser preguntados de manera abierta del porqué consideran dicha negatividad respecto a la relación con Pekín, el sondeo recoge las siguientes respuestas más frecuentes: “Están desapareciendo las pulperías. Afectan a los pequeños comerciantes y artesanos. Mercadería china de mala calidad. Explotación laboral para los nicaragüenses. Afecta nuestras relaciones con Estados Unidos”.