La diputada considera que “cada día de demora cuesta millones” al Estado

Explicó que sin licitación clara, la concesión se extendió hasta 2033, asegurando millones para una empresa cuyos dueños reales se mantienen ocultos.
Afirmó que aunque cuestionó en la Comisión de Presupuesto a directivos de la LNB, no logró tener una respuesta clara sobre bajo qué figura se dio el contrato, si por licitación o de manera excepcional.
“Lo que sí es cierto es que inició en el 2013, que incluía El Raspadito y en el 2023 que vencía, se procedió a ejecutar una adenda para extenderlo hasta 2033 y, ojo, incluyendo el Pega 3 y la Lotto, garantizando a la empresa un 15% de las ventas brutas. Es decir, dándole a esta empresa, los beneficios que no llegan a los panameños ni a las arcas del Estado”, señala la diputada.

Destacó que el propio presidente José Raúl Mulino, reconoció que la Lotería electrónica no es un negocio para el Estado, “es el negocio para alguien más”.
Agregó que el exprocurador de la Administración señaló en su momento que esta adenda era ilegal y que debía procederse como una nueva licitación.
Destacó que “hoy, en la CSJ reposan tres demandas en espera de un fallo, pero mientras tanto, y lo irónico, los pagos siguen corriendo”.

Señaló que para el 2025 se ha destinado en consultorías para Scientific Games LLC. $3 millones y se está solicitando para el 2026, $4 millones.
“Es inaceptable que millones de dólares se sigan entregando bajo un esquema que perdió legitimidad. La CSJ tiene que pronunciarse ya. No mañana, no dentro de un año, ya. Cada día que pasa sin un fallo de la Corte tenemos que entender que es un día más donde los recursos del Estado se drenan y no llegan a programas sociales, sino que llegan a engordar la cuenta de alguien más”, dijo Prado.
