La medida busca contener bloqueos y garantizar el orden tras el fin del subsidio al diésel y el aumento de la inseguridad
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción en siete provincias del país, ante una creciente grave conmoción interna por protestas, bloqueos de vías y reclamos ciudadanos por el fin del subsidio al diésel y la inseguridad en las carreteras, informó la agencia EFE.
La medida, que regirá por 60 días, afecta a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde se han registrado los actos más severos de paralización del transporte y cierre de rutas.
“Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social”, señala el Decreto Ejecutivo firmado por Noboa.
Desde el lunes se han reportado protestas parciales en varias provincias andinas, incluyendo bloqueos de vías clave en el norte de Pichincha y en Carchi, fronteriza con Colombia. Como parte de las acciones logísticas del gobierno, se trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo a Cotopaxi y la Vicepresidencia a Imbabura.
El detonante de las protestas ha sido la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del combustible de $1.80 a $2.80 por galón desde el pasado sábado. El aumento afecta de manera directa al transporte público, rural, interprovincial, y a sectores como la agricultura y la pesca.
Organizaciones sociales y sindicales —incluida la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)— han rechazado la medida y exigen su reversión, al tiempo que denuncian inseguridad en las vías, robos y extorsiones.
Pese a los reclamos, el gobierno avanza en la entrega de compensaciones, y más de 1,600 transportistas ya han recibido incentivos productivos por $1.1 millones, y cerca de 70,000 productores han accedido al bono RAÍCES de $1,000 para fomentar la reactivación económica.
El decreto contempla la suspensión del derecho a la libertad de reunión en las siete provincias afectadas, lo que impide aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, aunque no restringe las manifestaciones pacíficas, siempre que no afecten los derechos de terceros.
El gobierno justificó la vigencia de dos meses para el estado de excepción argumentando que se necesita una presencia reforzada del Estado para restablecer el orden, proteger a la población y prevenir la radicalización de las medidas de hecho.