El Ejecutivo considera que las reformas propuestas disminuyen la rigurosidad profesional, generan inseguridad jurídica y contravienen la Constitución
El presidente José Raúl Mulino devolvió a la Asamblea Nacional (AN), sin sanción, el proyecto de ley que modifica y deroga artículos claves de la ley que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá.
La decisión se sustenta en una objeción por inconveniente en su conjunto, basada en observaciones técnicas y jurídicas, entre ellas las emitidas por el Colegio Nacional de Abogados.
También el Movimiento de Abogados Gremialistas, que encabeza el jurista Raúl Rodríguez, había objetado la nueva ley y solicitado al Ejecutivo que no la sancionara.
Según lo expresó el mandatario mediante nota oficial, el proyecto representa un retroceso significativo en los estándares de calidad, ética y control institucional del ejercicio legal en el país, al introducir alternativas adicionales al examen profesional obligatorio, como la publicación de una tesis o la realización de servicio voluntario.
La objeción señala que la nueva ley flexibiliza excesivamente el proceso de obtención de la idoneidad y disminuye la rigurosidad exigida actualmente.
El Ejecutivo advierte que esas nuevas vías podrían generar confusión, baja exigencia académica y falta de mecanismos claros de evaluación.
El Ejecutivo rechaza la transferencia de la responsabilidad de aplicar el examen profesional a la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, ya que contradice lo establecido en la Constitución y el Código Judicial, que otorgan esa competencia a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, sostiene que este cambio atenta contra la imparcialidad e independencia necesarias en el proceso de certificación profesional.
El Ejecutivo considera que la nueva sanción de 30 días de suspensión y destitución por reincidencia para funcionarios que faciliten el ejercicio ilegal de la abogacía no distingue entre faltas graves y leves, y podría entrar en conflicto con los reglamentos internos de distintas instituciones públicas, violando principios fundamentales como el debido proceso y la legalidad.
Mulino concluyó que, de aprobarse, el proyecto de Ley 168 debilitaría la confianza pública en el sistema de justicia y entorpecería los esfuerzos por elevar el nivel profesional del gremio legal en un contexto internacional cada vez más exigente.
La devolución del proyecto a la AN reabre el debate sobre los estándares de calidad, control y supervisión que deben regir una de las profesiones fundamentales para el Estado de Derecho.