CANAL
Dicen que cuando parecía que la mar estaba en calma, nuevamente se agitan olas tormentosas. La convocatoria antes de este miércoles, con menos de una semana de anticipación, para que el ministro de Transporte de USA, informe al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes cómo espera “contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el Canal y sus proyectos auxiliares”, complica el escenario. El republicano Comer, jefe del Comité, quiere saber bajo qué autoridad el Ministerio de Transporte de USA, “en caso de que se rompa el Tratado de Neutralidad”, puede “asumir la operación del Canal y, de ser así, cuán rápidamente”.
SIN PRUEBAS
Dicen que al mismo tiempo que el hocicón Comer, ataca al Canal, también lo hace con dos de sus principales puertos. Al mejor estilo de Donald 2, acusó sin pruebas a Hutchison Ports, la operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal –a través del concesionario Panama Ports Company- de estar implicado en el tráfico de precursores de fentanilo, y vinculó a su principal accionista con “sindicatos del crimen organizado chino”. Sobre la venta de la concesión de Balboa y Cristóbal, el político republicano asegura que “China ahora ha optado por vigilarla de cerca para asegurarse de que la empresa que opere los puertos no sea estadunidense”. Empuja a empresas de USA para que se ganen proyectos de infraestructura en el país, pero “en procesos libres de corrupción”.
SUNTRACS
Dicen que la Corte Suprema tiene ahora en sus manos una papa caliente, con la posible disolución del SUNTRACS. El expediente, enviado por el Mitradel ha causado más ruido que claridad. Hasta ahora, nadie ha explicado con precisión cuáles son esas actuaciones irregulares que justificarían una medida tan extrema. Mientras tanto, el silencio oficial contrasta con las advertencias que ya se escuchan en los pasillos del mundo laboral. El exministro Carles, por ejemplo, ha dicho lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir, ¿cómo se pretende disolver un sindicato que ha firmado una docena de convenciones colectivas CAPAC, el principal gremio de la construcción?
BUHONEROS
Dicen que recuperar el espacio público en San Miguelito empezó, por los más débiles. Un despliegue de fuerza conjunta fue necesario para remover a unos 30 buhoneros que vendían en los alrededores de la estación del Metro. A juzgar por lo ocurrido -arrestos, una vendedora encadenada, bloqueos y frustración-, la recuperación del espacio público no vino acompañada de ninguna solución social. ¿Dónde estaban los programas de reubicación? ¿Los espacios alternativos? En esta versión del “orden”, parece que la única respuesta fue el desalojo con esposas y patrullas.
OFICINAS
Dicen que en la Asamblea nadie tiene oficinas paralelas, pero existen. El varelista Herrera, presidente de la Asamblea, dice que “están tomando medidas” porque, claro, no debería ser que un “padre de la Patria” tenga más de dos oficinas. La polémica estalló esta semana cuando salieron a relucir los famosos búnkeres VIP de algunos diputados del PRD, entre ellos el gato Benicio y huevito Pineda. Según versiones, operaban desde espacios exclusivos remodelados, además, con fondos de la propia Asamblea. Es decir, dinero público para privilegios personales. Herrera no lo niega, al contrario, lo confirma, y mientras tanto, el discurso oficial es que “todos los diputados somos partes iguales”. Algunos son más iguales que otros.
IMPUNIDAD
Dicen que la muestra más palpable del rechazo planetario a la campaña de exterminio de Israel en Gaza, se dibujó este viernes al observar el mundo cómo la casi totalidad de los representantes de los 193 países miembros de la ONU se retiraron del pleno al momento de tomar la palabra Netanyahu. En paralelo 34 países, constituidos en el Grupo de La Haya, presentaron un paquete de medidas contra la “impunidad” en Israel en Gaza. Las propuestas, lideradas por Colombia y Sudáfrica, no deben ser “opcionales”, sino “vinculantes en virtud de la Convención sobre el Genocidio, las opiniones consultivas de la Corte Penal Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas”. Exigen que los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas para que Israel pague por el genocidio en Gaza.
PALESTINA
Dicen que esos movimientos se dan al mismo tiempo que España anuncia la creación de una coalición internacional de emergencia destinada a sostener financieramente a la Autoridad Nacional Palestina. El acuerdo, suscrito por 11 países, busca preservar la capacidad de gobernanza de la Autoridad Palestina, garantizar servicios básicos y mantener la seguridad en los territorios palestinos. Los pasos se dieron después de expirar esta semana el plazo de 12 meses establecido por la Asamblea General de la ONU para que Israel cumpla con medidas provisionales de la CIJ y tras el reciente anuncio de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que estableció que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.