Abás Salehi reconoce que el gobierno se inclina por flexibilizar el código de vestimenta mientras el país sigue marcado por las secuelas del caso Mahsa Amini
A tres años de la muerte de Mahsa Amini, cuya detención por no portar correctamente el velo desencadenó una ola de protestas sin precedentes en Irán, el gobierno de la República Islámica admite que está en marcha un debate muy serio sobre el futuro del código de vestimenta obligatorio para las mujeres, informó la agencia EFE.
“El diálogo está abierto. Hay personas que apoyan la ley, otras que no, y se están manteniendo conversaciones tanto entre la ciudadanía como entre las élites políticas”, afirmó el ministro de Cultura y Guía Islámica de Irán, Abás Salehi.
Reconoció que el gobierno, bajo el liderazgo del presidente reformista Masud Pezeshkian, se muestra favorable a una flexibilización de la normativa. En diciembre pasado, Pezeshkian paralizó una ley que endurecía las penas por no llevar el hiyab, y en enero anunció que no se aplicarían sanciones contra mujeres que no se cubran el cabello, lo que provocó críticas de sectores conservadores.
“La ley existe y todo el sistema administrativo está obligado a cumplirla, pero eso no impide que se esté discutiendo su continuidad”, afirmó Salehi.
Según explicó, el proceso de revisión de la normativa pasa por distintas fases, comienza en la sociedad civil y las élites, luego pasa al gobierno y, eventualmente, llega al Parlamento.
El ministro dejó claro que aún no hay una decisión tomada sobre si se eliminará o se modificará la ley, pero sí subrayó que las visiones actuales dentro del gobierno y del Parlamento tienden hacia una mayor flexibilidad.
En otro frente delicado, Salehi advirtió que las recientes sanciones reactivadas por el Consejo de Seguridad de la ONU tendrán efectos duros sobre la producción cultural en Irán. Las medidas buscan frenar los programas nuclear y balístico del país, e incluyen embargos, congelamiento de activos y restricciones comerciales.
El bolsillo de la gente se verá afectado, y eso repercute directamente en su capacidad para ir al cine o al teatro. Aunque hemos desarrollado una especie de ‘vacuna social’ frente a las sanciones, sus efectos siguen siendo muy fuertes”, dijo el ministro.
También alertó que se verán reducidas las inversiones en proyectos artísticos y las posibilidades de exportar productos culturales, un sector clave para la economía creativa iraní.
Sobre los cineastas iraníes que han decidido abandonar el país, como Jafar Panahi o Alireza Khatami, Salehi bromeó diciendo que eso demuestra el altísimo nivel del cine iraní, capaz de representar a otros países.
Sin embargo, reconoció que existen limitaciones legales y sociales que llevan a algunos creadores a trabajar desde el extranjero. A esto se suma, añadió, el efecto de las sanciones económicas, que obstaculizan la producción y dificultan el acceso a oportunidades y financiamiento.
“Puede haber líneas rojas o normativas políticas, no lo niego. Pero desde mi punto de vista, las dos principales razones por las que los cineastas se van son las restricciones legales y sociales, y la presión económica”, concluyó.