Más de 40 periodistas han huido del país en lo que va de año, mientras la histórica APES anuncia su cierre y exilio forzado
El periodismo salvadoreño atraviesa una de sus etapas más oscuras, en apenas nueve meses, 43 periodistas se han visto obligados a abandonar El Salvador por temor a represalias, en una fuga que alcanzó niveles alarmantes en mayo, cuando se registraron 31 salidas forzadas en solo unas semanas, informó el diario español La Razón.
Este éxodo masivo confirma el colapso de la libertad de prensa en el país y el recrudecimiento de un acoso que ya no se disimula, sino que se ejerce a plena luz, con consecuencias que trascienden las fronteras nacionales.
La situación ha desembocado en un hecho sin precedentes: La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), fundada en 1936 y considerada la voz histórica del gremio, ha anunciado el cierre de sus operaciones dentro del país y su disolución en el exilio.
Esta decisión marca el fin de una era para el periodismo centroamericano y evidencia la falta total de garantías para el ejercicio libre de la profesión.
El detonante final ha sido la entrada en vigor de la polémica Ley de Agentes Extranjeros, que impone severas restricciones a la financiación internacional de organizaciones, y la negativa del Ejecutivo a renovar las credenciales de APES, interpretada como un cierre institucional forzado.
Esta doble maniobra ha dejado a las organizaciones sin margen de maniobra, sellando cualquier posibilidad de diálogo con las autoridades.
A esta legislación se suma una oleada de agresiones contra la prensa, solo en el 2024 se han documentado 789 ataques, la cifra más alta de la última década, y según denuncias del gremio, la mayoría provienen de agentes del Estado.
El discurso oficial, además, acusa a los medios de injerencia extranjera y vincula sin pruebas a periodistas con delitos como lavado de dinero.
La represión no se limita al ámbito informativo. Organizaciones como Cristosal también se han visto obligadas a exiliarse, y varios activistas han sido detenidos bajo el régimen de excepción vigente, por lo que se configura así una estrategia sistemática de silenciamiento que apunta a toda disidencia.
El retroceso democrático ya tiene eco en la comunidad internacional, el último Índice Mundial de Libertad de Expresión de Reporteros Sin Fronteras coloca a El Salvador en el puesto 135 de 180 países, una caída drástica que refleja el deterioro profundo de los derechos fundamentales en la nación centroamericana.