Trump otorgó fondos a los polémicos Alligator Alcatraz y Deportation Depot, mientras organizaciones civiles y ambientales denuncian violaciones legales y ecológicas
El estado de Florida ha recibido $608 millones del gobierno federal de Estados Unidos para financiar sus controvertidos centros de detención migratoria Alligator Alcatraz y Deportation Depot, confirmó el gobernador republicano Ron DeSantis, en medio de una creciente ola de críticas legales, ambientales y sociales contra ambos complejos, informó la agencia EFE.
Según informó el canal WPLG Local 10 News y fue compartido por el propio DeSantis en sus redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) transfirió el monto, apenas un día antes del previsto cierre del gobierno federal.
Los fondos provienen de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), en respuesta a una solicitud de reembolso por parte del estado.
El gobernador celebró la noticia como una victoria política. “Estábamos en lo correcto. Los medios estaban mal”, escribió, alegando que siempre sostuvo que el reembolso llegaría pese a las críticas. “Otra narrativa falaz muerde el polvo”, agregó.
Los fondos están destinados al manejo operativo de Alligator Alcatraz, un centro abierto hace tres meses al oeste de Miami, con capacidad para albergar hasta 5,000 migrantes, y de Deportation Depot, que comenzó a funcionar hace un mes al norte de Florida, cerca de Jacksonville.
Sin embargo, la financiación federal ha reavivado la polémica en torno a ambos centros, blanco de demandas judiciales y acusaciones por violaciones a derechos humanos y ambientales.
En particular, la organización Friends of the Everglades, que lidera una acción legal contra la construcción de Alligator Alcatraz, denunció que el centro fue edificado en una zona protegida de los Everglades, hogar de numerosas especies en peligro.
La entrega de fondos federales refuerza nuestro argumento, se trata de una operación federal que debió haber sido sometida a un análisis de impacto ambiental”, afirmó Eve Samples, directora ejecutiva de la organización.
“La actividad en Alligator Alcatraz debe detenerse para cumplir con las protecciones ambientales fundamentales”, añadió en un comunicado.
La polémica también se intensificó luego de que, el pasado 4 de septiembre, el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones suspendiera temporalmente un fallo judicial que ordenaba el desmantelamiento del centro antes de octubre, permitiendo que siga operando mientras se analiza el caso de fondo.
Además de las preocupaciones ambientales, organizaciones civiles han acusado al gobierno estatal de utilizar nombres provocadores como parte de una estrategia de marketing político para exportar su modelo de detención a otros estados. DeSantis, por su parte, ha sostenido que su política ha inspirado iniciativas similares en Texas, Luisiana e Indiana.
Desde su regreso a la presidencia, Donald Trump ha respaldado el endurecimiento de las políticas migratorias estatales y ha promovido una cooperación más estrecha entre gobiernos locales y agencias federales en materia de control migratorio, incluyendo el financiamiento de infraestructuras como estos centros.