Residuos biomédicos del hospital de Changuinola habrían sido enterrados sin tratamiento previo en un terreno privado sin permisos sanitarios ni ambientales
La crisis del sistema sanitario panameño vuelve a estar bajo la lupa, esta vez por la presunta disposición ilegal de desechos hospitalarios en la provincia de Bocas del Toro, informó el diario La Estrella.
Una denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público contra dos exfuncionarias, una funcionaria actual del Ministerio de Salud (MINSA) y la empresa contratista encargada de la recolección de residuos del hospital de Changuinola, por enterrar desechos sin tratamiento previo en un sitio no autorizado.
Según la denuncia, residuos provenientes de hospitales y centros de salud han sido enterrados en un terreno privado ubicado en el corregimiento de Guabito, sin contar con los permisos correspondientes ni cumplir con los protocolos técnicos exigidos por la normativa sanitaria y ambiental vigente.
La situación, que también ha motivado quejas administrativas ante el MINSA y el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), podría constituir un delito contra los recursos naturales y el ambiente, tal como lo establece el Código Penal panameño.
Los documentos aportados por los denunciantes incluyen evidencias obtenidas en la plataforma Panamá Compra, donde se reflejan contrataciones directas a la empresa señalada para el manejo de residuos hospitalarios.
Según los escritos, representantes de la empresa reconocieron que los residuos fueron enterrados sin tratamiento, y no existen registros públicos que avalen ese terreno como sitio autorizado para tal fin.
La denuncia también cuestiona la posible omisión o negligencia tanto de autoridades del gobierno anterior como de la administración actual, al permitir que la empresa continuara operando pese al incumplimiento de normas diseñadas para proteger la salud pública y el ambiente.
Tanto el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, como el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, habrían ordenado la apertura de investigaciones internas para determinar responsabilidades administrativas y posibles actos de encubrimiento institucional.
Ambientalistas y sectores comunitarios locales han expresado su preocupación por los riesgos sanitarios y ecológicos que representa el mal manejo de estos residuos altamente contaminantes, cuya disposición inadecuada podría derivar en consecuencias graves para el ecosistema y la salud de la población bocatoreña.