Operaciones como Comunidad, Retorno y Publicano exponen un patrón de desvío sistemático de fondos públicos destinados a los más vulnerables
Las Fiscalías Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) han revelado que en los primeros nueve meses de este año el Estado ha sufrido una lesión patrimonial que supera los $73 millones, producto de múltiples casos de corrupción en instituciones públicas, informaron las fiscales superiores Adela Cedeño, Azucena Aispurúa y Digna Castillo.
“Dentro de las Fiscalías Anticorrupción a nivel nacional, han ingresado 4,725 causas activas en lo que va del año. El delito de mayor incidencia es el peculado, con 705 investigaciones abiertas”, detalló la fiscal Cedeño.
Los casos más graves revelan un patrón repetido, desvío de fondos públicos a través de programas sociales, facturación falsa, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, muchas veces disfrazados de operaciones legítimas.
Uno de los casos más escandalosos es la Operación Comunidad, que involucra recursos del Programa de Descentralización y las juntas comunales, a través del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), se asignaban fondos para obras comunitarias que nunca se ejecutaron.
El dinero fue transferido a cuentas personales y empresas ficticias, generando una lesión patrimonial al Estado de $24.8 millones, según 35 auditorías forenses.
Hasta ahora, se han judicializado 23 causas, con 45 personas imputadas y ocho detenidas provisionalmente. “Solo en este caso, 45 funcionarios y exfuncionarios están involucrados. La Contraloría certificó los informes que sustentan las imputaciones”, señaló la fiscal Aispurúa.
El segundo caso de mayor impacto es la Operación Retorno, centrada en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), aquí se investigan delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, con un perjuicio al erario que ronda los $24 millones.
La tercera operación destacada es Publicano, que involucra a funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), quienes habrían accedido ilegalmente al sistema ETAX 2.0 para manipular créditos fiscales a favor de particulares.
El perjuicio asciende a más de $13 millones, con cuatro exfuncionarios y dos civiles detenidos, de los cuales dos ya han firmado acuerdos de pena, se trata de uno de los casos más sofisticados, debido al nivel técnico requerido para vulnerar el sistema tributario sin dejar rastros aparentes.
Además de los tres expedientes principales, las fiscalías han avanzado en otras operaciones significativas: Operación Sanidad (CONADES): lesión patrimonial de $8.5 millones por obras inconclusas en proyectos de unidades sanitarias. Se han recuperado $312,517 mediante acuerdos de pena.
Operación Vigas H2 y H3 (MOP), desaparición de 600 vigas tipo H, con una lesión de $1.68 millones. Operación Equidad y SIPE 2.0 (CSS), alteración de bases de datos para beneficiar a empleadores y asegurados, lesión de $858,000, de los cuales ya se resarcieron $819,876. Y Operación Istmo (MIVIOT), nombramientos falsos y cobros por servicios no prestados, con una lesión provisional de $300,000.
Las fiscales destacaron que los avances han sido posibles gracias al trabajo coordinado entre unidades de análisis financiero, peritos contables y fiscales investigadores. “Estamos desmantelando redes bien estructuradas de corrupción”, subrayó Cedeño.
El Ministerio Público aseguró que las investigaciones siguen activas en varios circuitos judiciales del país y que se espera la recuperación de más fondos en los próximos meses. “La lucha contra la corrupción es compleja, pero no vamos a retroceder”, concluyeron las autoridades.