Mulino considera que el contralor posee amplias facultades para ejercer medidas cautelares
“Hoy estamos enviando cautelaciones al Registro Público, a los bancos y al resto de los organismos financieros del país, para asegurarnos de que los dineros del Estado queden, de alguna forma, retenidos hasta que el caso sea atendido por la Procuraduría y demás esferas judiciales”, señaló Flores.
Afirmó que “el poder de la Contraloría siempre ha estado. “Lo que pasa es que algunos contralores anteriores no lo han usado, por razones que podemos imaginarnos, amiguismo, por otras cosas. Pero lo vamos a usar en esta vuelta, porque los panameños están cansados de preguntar a dónde se fueron los $30,000 millones de endeudamiento que se dieron en los últimos cinco años. Muchos están en cosas que nadie puede justificar”.
Argumentó que si “esperamos el tiempo a que todo eso transcurra, cuando llegue la sentencia, todo ese dinero ha sido desaparecido, traspasado, salido del país, cambiaron el nombre de la finca a alguien más y obviamente dificulta en ese momento la recuperación de los dineros de los panameños”.
La conferencia, en la que estuvieron presentes el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco; el magistrado vicepresidente, Pablo Chen Vallarino; y el fiscal de Cuentas, Jaime Barroso, se dio luego de que el presidente José Raúl Mulino se refirió a la cautelación de bienes por parte de la CGRP.
De acuerdo a Mulino, “el contralor posee amplias facultades para ejercer medidas cautelares”. A juicio del presidente, el contralor no invade jurisdicciones de otra índole del Órgano Judicial o del Ministerio Público.
La Contraloría es un ente poderosísimo. El primer contralor que ejerció los poderes que le daba la Ley fue Rubén Darío Chinchorro Carles”, recordó Mulino.
Flores señaló que han logrado asegurar bienes por un valor superior a $24 millones, mientras que las irregularidades detectadas en los procesos auditados ascienden a más de $57 millones.
El contralor destacó que uno de los principales desafíos históricos en la recuperación del patrimonio estatal ha sido el retraso entre la
investigación y la adopción de medidas cautelares, que en promedio ha alcanzado los cuatro años.
“Existen condenas que superan los $70 millones, pero hasta ahora solo se han podido asegurar cerca de $20 millones, porque muchos bienes ya no están
disponibles al momento de dictar las medidas”, explicó.
Flores destacó que busca actuar con rapidez y dentro de la ley, garantizando siempre el debido proceso y la protección efectiva de los recursos públicos.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier Del Rosario Franco, señaló que las medidas precautorias están amparadas en la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 del 2008, las cuales las reconocen dentro de los procesos fiscales.
Agregó que toda acción deberá ser proporcional, fundamentada en indicios claros de irregularidad y sujeta al control de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que podrá suspenderlas cuando lo considere necesario.
Ambas instituciones coincidieron en que este esfuerzo conjunto marca un paso decisivo hacia una justicia fiscal más efectiva, transparente y ágil, orientada a recuperar lo que pertenece a todos los panameños.