Empresa contratista del MINSA habría enterrado residuos biomédicos sin tratamiento adecuado, en violación a normativas ambientales
El Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) abrió una investigación formal tras recibir una denuncia por el presunto manejo inadecuado de desechos hospitalarios en la provincia de Bocas del Toro, específicamente en un terreno ubicado en Deborah, corregimiento de Guabito, informó la entidad.
La denuncia involucra a la empresa Servicios Múltiples, actual contratista del Ministerio de Salud (MINSA) para el tratamiento de residuos biomédicos, y fue admitida a finales de septiembre, y apunta a que la compañía habría enterrado material hospitalario peligroso sin aplicar ningún método de desinfección o neutralización, como lo exige la legislación vigente.
Según el documento, el terreno utilizado no cuenta con permisos ni condiciones técnicas para operar como sitio de disposición final, lo que podría configurar un delito ambiental conforme al Código Penal panameño.
El representante legal de la empresa, Domingo Morrison, admitió que su compañía entierra residuos biomédicos en una propiedad privada y defendió esta práctica como parte de un supuesto “método de trincheras controladas o celdas de seguridad”.
Sin embargo, reconoció que no disponen de incineradores ni autoclaves industriales, lo que pone en duda la legalidad del tratamiento aplicado.
Los únicos métodos aprobados para el tratamiento de residuos hospitalarios peligrosos son la incineración, la esterilización por autoclave o microondas, las trincheras pueden usarse solo como depósito final una vez que el material ha sido debidamente tratado, no como método de eliminación primaria.
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se pronunció con firmeza. “Estamos en contra de que los residuos médicos sean enterrados sin tratamiento. Cualquier irregularidad deberá ser investigada por el Ministerio Público”.
Boyd también confirmó que el ministerio rescindió el contrato con Servicios Múltiples y contrató a una nueva empresa que cumple con los estándares exigidos por la normativa sanitaria.
El caso ha encendido las alarmas en torno a la débil fiscalización del manejo de residuos peligrosos en zonas rurales, una situación que expone a comunidades cercanas a riesgos sanitarios y ambientales, como la contaminación de suelos y fuentes de agua.
La investigación de MIAMBIENTE sigue en curso y, de comprobarse las irregularidades, podría derivar en sanciones administrativas o incluso cargos penales contra los responsables.