Abogado advierte riesgos en artículos clave del texto presentado por el procurador y diputados piden su pronta discusión
El proyecto de ley 291, que propone modificaciones al Código Procesal Penal para establecer una Ley General Anticorrupción, continúa generando opiniones encontradas entre expertos legales y la ciudadanía, pese a que varios diputados han manifestado su respaldo y pedido una pronta discusión del texto en la Comisión de Gobierno, informó el diario Panamá América.
El abogado Basilio González, se mostró crítico con el proyecto impulsado por el procurador Luis Gómez Rudy, y coincidió con el presidente José Raúl Mulino en la necesidad de que la propuesta sea revisada nuevamente antes de avanzar en el proceso legislativo.
González cuestionó específicamente los artículos 4, 7 y 69 del proyecto, al considerar que otorgan facultades excesivas a los ministerios, lo que -según dijo- podría permitir imputaciones del Ministerio Público sin que exista una confirmación previa de la Contraloría General de la República sobre la comisión de un delito.
“Los ministerios, en este caso, pueden hacer que un contador público autorizado diga simple y llanamente que hay un faltante, y con eso el Ministerio Público tiene para imputar cargos y secuestrar bienes”, advirtió el jurista.
Aunque González reconoció la necesidad de endurecer las penas por delitos contra el patrimonio del Estado, insistió en que no se puede restar autoridad ni funciones al contralor, ya que es este quien por ley tiene el mandato de ejercer el control estatal y aplicar sanciones por afectaciones al erario público.
Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, explicó que el proyecto aún no ha sido discutido en primer debate debido a que no han llegado los conceptos técnicos de las entidades involucradas, por lo que no se descarta que su análisis sea postergado hasta el 2026.
Camacho dejó claro que la opinión del Ejecutivo, que ha recomendado retirar el proyecto, no condiciona el trabajo legislativo. “Mientras el proponente no retire la iniciativa, seguirá el mismo proceso que cualquier otro proyecto pendiente de discusión”, dijo.
El procurador Gómez ha defendido la propuesta, señalando que el país necesita incorporar técnicas especiales de investigación y herramientas más eficaces para combatir delitos que afectan directamente la administración pública y los fondos estatales.
Por ahora, el futuro del proyecto de ley 291 permanece incierto, entre los llamados al debate legislativo, las críticas jurídicas, y la cautela del Ejecutivo, que ve necesario reformular la propuesta antes de que avance.