Representantes alegan abuso de autoridad tras suspensión del Programa de Desarrollo de Interés Social
Los denunciantes aseguran que la decisión de Méndez, oficializada mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial, provocó la paralización de múltiples proyectos comunitarios que contaban con respaldo legal y una asignación presupuestaria de $182 millones para este año.
La medida fue tomada en medio de las investigaciones del Ministerio Público (MP) dentro de la llamada Operación Comunidad, un caso que reveló presuntos desvíos de fondos del PDIS por más de $24.8 millones, a través de contratos ficticios en juntas comunales, de acuerdo a auditorías de la Contraloría General de la República (CGR).
Según la investigación, el esquema consistía en la asignación de recursos destinados a obras y servicios comunitarios que nunca se realizaron, utilizando facturas y empresas de papel para justificar los desembolsos. La CGR ha sustentado la lesión patrimonial con 35 informes de auditoría.
Los querellantes sostienen que Méndez de Obarrio excedió sus competencias al suspender de forma unilateral el programa, cuando, afirman, debió esperar las conclusiones oficiales de las investigaciones y permitir la continuidad de los proyectos que no estaban vinculados a irregularidades.
Mientras tanto, la AND no ha emitido un pronunciamiento sobre la denuncia presentada, aunque previamente la entidad había justificado la suspensión del programa como una medida necesaria para proteger los recursos públicos y garantizar transparencia en su administración.
La denuncia será evaluada por el MP, que deberá determinar si existen fundamentos para abrir una investigación formal contra la funcionaria.