Gremio minero considera el proceso como un paso clave para la transparencia, el desarrollo económico y la recuperación de la confianza en la industria
La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) expresó su respaldo a la orden de proceder para realizar la Auditoría Integral al Proyecto Mina de Cobre Panamá, calificando la medida como necesaria y positiva para el país y el sector, informó el gremio.
Roderick Gutiérrez, presidente del gremio, recordó que desde un inicio CAMIPA fue una de las entidades que solicitó la ejecución de una auditoría de este tipo, con el fin de evitar distorsiones en la información y brindar claridad sobre la historia, situación actual y futuro del proyecto minero.
“La Cámara Minera de Panamá fue una de las que desde un inicio había solicitado una auditoría integral para evitar así que se siga tergiversando la información, y que se tenga una claridad de todo lo que se ha hecho, se estaba haciendo y se va hacer a futuro respecto al proyecto Cobre Panamá”, indicó.
EFE/Bienvenido Velasco. Archivo.
El dirigente gremial destacó además que el inicio de una nueva etapa de colaboración entre la mina y el Estado representa una oportunidad de progreso para el país.
“Hay suficiente información y prueba de que en Panamá, durante el tiempo que estuvo la mina operando, se generaron más de 40,000 empleos, entre directos e indirectos. Se vio un desarrollo y crecimiento grande en el interior del país, sobre todo en Penonomé, que es el más visible”, subrayó Gutiérrez.
En términos de impacto económico, el presidente de CAMIPA detalló que el 61% del salario que los trabajadores percibían se mantenía en la economía local.
“Eso significa que si había 40,000 personas, con un salario promedio de $1,800, aproximadamente $43.9 millones mensuales se quedaban en la economía local”, afirmó.
El respaldo de CAMIPA llega en un momento clave para el futuro del proyecto Cobre Panamá, cuya operación ha sido objeto de debates técnicos, sociales y políticos en los últimos años.
El gremio espera que el proceso de auditoría contribuya a restaurar la confianza pública y permita una planificación responsable y sostenible del potencial minero del país.