La medida se adopta por interés social ante inacción de Panama Colon Container Port y necesidad urgente de expandir capacidad portuaria
El Ministerio de la Presidencia ordenó la expropiación extraordinaria por interés social de las fincas ubicadas en isla Margarita, provincia de Colón, que estaban en manos de la empresa portuaria de capital chino Panama Colon Container Port (PCCP), según establece el Decreto Ejecutivo 90 del 20 de octubre del 2025, publicado en la Gaceta Oficial.
La decisión del Ejecutivo responde a la urgencia de contar con nuevas infraestructuras portuarias en la ribera atlántica del Canal, ante una capacidad nacional que, según el decreto, está al límite para atender la creciente demanda del comercio mundial.
De acuerdo con el documento se instruye al Registro Público a inscribir las fincas -que abarcan más de 27 hectáreas- a nombre de la Nación, y faculta al Ministerio Público a iniciar el proceso judicial para determinar el monto de indemnización que el Estado deberá pagar por la expropiación, también se autoriza al Ministerio de Seguridad a asegurar la ocupación de los terrenos en caso de resistencia al ingreso.
El Ejecutivo argumenta que, a pesar de haber solicitado permiso para que peritos de la Contraloría General y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizaran avalúos en las propiedades, la empresa no permitió el acceso, ni se logró comunicación efectiva con sus representantes legales.
Debido a esto, no ha sido posible establecer un valor promedio de las propiedades, lo cual ha impedido que el Estado pudiera presentar una oferta formal de adquisición.
La empresa PCCP recibió la concesión original durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, en el que el actual mandatario José Raúl Mulino se desempeñó como ministro, en el 2022 se aprobó una ley que modificó el contrato para permitir el cambio de nombre de la empresa concesionaria.
En abril pasado, el presidente Mulino ya había anticipado la postura del Ejecutivo, calificando el contrato como mal dado y moroso en el pago de la concesión, y anunció que se convocaría a una nueva licitación internacional cuando correspondiera.
Aunque el decreto no especifica el destino legal de la concesión vigente, abogados consultados advierten que la falta de cancelación formal del contrato de concesión podría generar futuros conflictos jurídicos, al coexistir la titularidad estatal con derechos contractuales aún no anulados.
La expropiación marca un giro definitivo en la relación entre el Estado panameño y la empresa portuaria china, y abre la puerta a una posible nueva etapa de desarrollo portuario en la región atlántica.