Isabel Fernández propone reformas legales para permitir que Contrataciones Públicas acceda al Registro Único de Beneficiarios Finales
La superintendente de Sujetos No Financieros (SSNF), Isabel Fernández, reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia en Panamá, especialmente en lo relativo a la identificación y regulación de los beneficiarios finales que mantienen contratos con el Estado, informó el diario La Estrella.
Fernández subrayó que, aunque actualmente existe un Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF) administrado por la Superintendencia, es necesario avanzar en reformas legales que permitan a instituciones como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) acceder a esta información.
“Efectivamente, para que Contrataciones Públicas pueda acceder a los datos de beneficiarios finales se requiere un cambio de ley que los incluya como autoridad autorizada para ver esa información. Ese paso es parte de las recomendaciones internacionales del GAFI, y hacia allá estamos trabajando”, afirmó Fernández.
La superintendente explicó que el RUBF es una plataforma activa y en constante actualización, que mantiene comunicación directa con los abogados responsables de registrar a los beneficiarios finales.
“Estamos muy pendientes de cualquier necesidad que tengan los abogados, que son quienes realizan los registros, para garantizar que la información esté vigente, protegida y cumpla con los estándares de transparencia”, añadió Fernández.
Por su parte, Ricardo Moreno, supervisor de Capacitación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), destacó que Panamá ha logrado salir de varias listas internacionales gracias al fortalecimiento de su marco legal y al cumplimiento efectivo de las normas financieras.
“Panamá ha demostrado que su sistema es robusto. No somos un paraíso fiscal; tenemos leyes que se cumplen, y por eso hemos salido de esas listas”, sostuvo Moreno.
En cuanto a la confidencialidad de la información, Moreno enfatizó que tanto los sujetos obligados como la UAF mantienen estrictos protocolos de seguridad.
“La confidencialidad está garantizada. Toda la información que los sujetos obligados envían a la UAF se maneja con absoluta reserva. Es un sistema seguro y confiable”, concluyó.