El deterioro del sistema privado ya está empujando a miles de estudiantes hacia escuelas oficiales, que no están preparadas para absorber la demanda
Planteles educativos particulares se encuentran en una coyuntura crítica que atenta contra su existencia debido a varios proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Nacional que van en contravía de toda iniciativa privada.
Mario Muñoz, vocero de este gremio declaró que estos proyectos laceran la seguridad jurídica de las escuelas particulares; entre ellos, el 380 cuya proponente es la diputada de “Vamos”, Alexandra Brenes.
“Es básicamente lo que hemos estado trabajando desde hace más de 10 años con el Decreto 601 que lo quieren subir a ley. Es una propuesta populista que pretende fijar fechas de incremento de las mensualidades y matrículas de los planteles educativos particulares”. añadió.
El proyecto de ley en mención establece los incrementos cada tres años y permite que dos terceras partes de los padres de familia sean los que aprueben cualquier aumento, poniéndolos prácticamente como socios del colegio, indicó Mario Muñoz.
Una persona que se atiende en un hospital privado no es socio como tampoco lo son los consumidores que realizan sus compras en un supermercado, planteó como ejemplo en una clara alusión a lo absurdo del proyecto.
También se refirió a la ley 285 cuyo objetivo inicial era el de proteger al estudiante y no poner a los padres de familia de las escuelas particulares a que dejaran de pagar sus cuotas.
Por su parte, el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rubén Castillo, señaló que “Si seguimos con esta figura, muchos colegios van a enfrentar una injusticia manifiesta. El problema se está abordando en forma equivocada”.
Castillo criticó la intromisión en la gestión de los planteles privados y recordó que la educación particular es un servicio complementario esencial.
“Los colegios no pueden actuar arbitrariamente, claro está, pero tampoco podemos aceptar la intromisión en su administración. Estas medidas están acosando al sector y provocarán el cierre de muchos planteles”.
Castillo advirtió que el deterioro del sistema privado ya está empujando a miles de estudiantes hacia escuelas oficiales, que no están preparadas para absorber la demanda.
Una encuesta realizada a 20 de 500 escuelas privadas revela una morosidad global de $2.4 millones, situación que amenaza con cierres masivos, despidos y aulas vacías.
En promedio, cada escuela arrastra una deuda de $120,873 por mensualidades que los padres simplemente no pagan. Siete de cada diez padres deben entre 30% y 50% del año escolar.
70% de los colegios reporta que entre 30% y 50% de los padres están morosos. 25% de los planteles tiene de 60% a 70% de los acudientes en deuda.
Y solo el 1% logra mantener sus morosidades por debajo del 20%.
Los números hablan de un colapso financiero inminente. “Nos están ahogando en cuotas impagas”, confesó uno de los directores encuestados.