Amenazas, agresiones y acoso judicial contra periodistas marcan 2025 como uno de los peores años para los medios en el país
La libertad de prensa en Perú atraviesa uno de sus momentos más oscuros del siglo XXI, alertan periodistas y organizaciones internacionales, y según el informe anual 2025 de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el país enfrenta un incremento alarmante de amenazas de muerte, agresiones físicas y verbales, acoso judicial y ataques de altos funcionarios, incluyendo ministros, congresistas y alcaldes, informó la agencia EFE.
El año pasado se registró incluso el asesinato de dos periodistas, y uno de los casos más mediáticos fue la exhortación de Rafael López Aliaga, excandidato presidencial ultraconservador, a matar al reconocido periodista de investigación Gustavo Gorriti, quien denunció penalmente al político.
“No hay precedentes de la avalancha de desinformación y amenazas que enfrentamos actualmente”, señaló Gorriti, comparando la situación con los años del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, cuando fue secuestrado por agentes del Estado.
La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, denunció que oficinas de inteligencia del Ejecutivo planearon atentar contra ella tras revelar casos de corrupción durante la administración de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025).
“Ya levantaron la valla de la impunidad y se está normalizando ese tipo de ataques a periodistas”, señaló Ramírez, agregando que contaba con información sobre planes específicos dirigidos a ella y su familia.
El hostigamiento no solo proviene del Ejecutivo, el exministro del Interior Juan José Santiváñez denunció a periodistas por presunto reglaje, y la Procuraduría solicitó levantamiento de fuentes de reporteros que investigaban casos de corrupción en el Ministerio Público.
Los ataques también se han registrado en el Legislativo, el congresista Héctor Valer escupió a un periodista, mientras que la parlamentaria Kira Alcarraz amenazó con violencia física a otra periodista. Además, la Policía Nacional ha agredido a comunicadores durante la cobertura de protestas de la Generación Z contra el Ejecutivo y el Parlamento.
“Si se discrepa con la línea editorial o la cobertura de una noticia, inmediatamente la prensa es amenazada con denuncias. Esto refleja una intolerancia manifiesta hacia la labor periodística”, indicó el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).
Frente a este panorama, los periodistas coinciden en la necesidad de unirse y buscar apoyo en gremios nacionales e internacionales. “Nos protegemos porque sabemos que estamos poniendo evidencia y por eso hay un respaldo entre los colegas. Eso es, al menos, el último bastión para seguir en la lucha”, señaló Ramírez.
El informe de la SIP y los testimonios de Gorriti y Ramírez evidencian que la libertad de prensa en Perú está bajo asedio, y que el futuro de la democracia dependerá en gran medida de la protección de los periodistas y de la capacidad del país de garantizar su seguridad frente a la creciente hostilidad política.