Activistas critican que el gobierno destacara la creación del Ministerio de la Mujer en el Examen Periódico Universal
Como una “mofa” o “burla”, así calificaron diversas organizaciones de mujeres la reciente presentación de Panamá ante el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, luego de que el gobierno exaltara en su informe la creación del Ministerio de la Mujer (MIDEM), una institución que el propio Consejo de Gabinete aprobó eliminar el pasado 21 de octubre, informó el diario La Estrella.
“El informe presentado ante la ONU pareciera una mofa ante las verdaderas intenciones del gobierno”, afirmó Joyce Araujo, abogada defensora de derechos humanos, investigadora en temas de género y exsecretaria general de la Defensoría del Pueblo.
Recordó que, aunque varios países reunidos en Ginebra felicitaron a Panamá por la creación del MIDEM y su labor contra la violencia de género, esa felicitación llega justo cuando el país decide suprimir la entidad encargada de esas tareas.
Araujo, quien participó como consultora en la elaboración del informe entre el 2023 y el 2024, advirtió que la eliminación del MIDEM representa un retroceso en las políticas públicas dirigidas a niñas y mujeres.
“Significa debilitar las estructuras que buscan atender las violencias que sufren desde la niñez hasta la adultez, violaciones, acoso sexual, violencia doméstica, digital, política y otras formas de discriminación que persisten en la sociedad”, recalcó Araujo.
El gobierno ha anunciado que reemplazará el MIDEM por el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), pero Araujo sostiene que no es lo mismo.
Según la especialista, “el INAMU sería regresar a un esquema anterior, sin voz en el Ejecutivo ni presupuesto propio, lo que equivale a un paso atrás. La apuesta debería ser fortalecer los mecanismos existentes, no debilitarlos”.
El informe de la sociedad civil también alerta sobre la discriminación estructural que enfrentan mujeres afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, migrantes, trabajadoras sexuales, privadas de libertad, lesbianas, trans, niñas y jóvenes, además de la ausencia de indicadores que permitan medir la desigualdad interseccional.
En materia de justicia, se cuestiona que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) permita acuerdos de pena sin considerar la opinión de la víctima, y se exige garantizar reparaciones efectivas a las afectadas.
El documento también subraya el aumento de femicidios y delitos sexuales, especialmente contra niñas. “Más de 300 menores han sido violadas y forzadas a continuar embarazos, sin acceso al aborto legal previsto en la ley”, señala el texto.