Gobierno defiende la medida mientras sindicatos evalúan acciones legales
El reciente Decreto Ejecutivo que establece límites al ejercicio de la huelga en sectores esenciales ha generado un intenso debate entre autoridades, organizaciones sindicales y representantes del sector empresarial, informó TVN Noticias.
La normativa, promulgada el pasado miércoles 12 de noviembre, busca garantizar la continuidad de servicios considerados indispensables para la población.
La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, defendió la regulación y aseguró que está plenamente sustentada en el Código de Trabajo, y según explicó, el decreto no elimina el derecho a huelga, pero fija parámetros necesarios para evitar la interrupción total de servicios esenciales.
“La huelga no se está apelando, el derecho de huelga continúa. Es un derecho que tienen todos los trabajadores, pero también es un derecho del pueblo panameño poder tener alimentos”, afirmó Muñoz.
La ministra también criticó la resistencia mostrada por algunos gremios. “La verdad es que ese es un sector que a todo se opone y nosotros tenemos que pensar en el pueblo panameño”, señaló.
Las reacciones del movimiento sindical no se hicieron esperar, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CONUSI) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ante la Corte Suprema de Justicia, al considerar que podría vulnerar derechos fundamentales.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), Aniano Pinzón Real, informó que la organización se encuentra analizando el contenido de la norma para determinar si afecta el derecho constitucional a huelga.
Mientras tanto, directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresaron su respaldo a la medida, destacando la importancia de garantizar la seguridad, la salud y la economía del país.
El decreto también establece que las huelgas en empresas prestadoras de servicios públicos deberán ser notificadas al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y estarán sujetas a un proceso de verificación para asegurar que no comprometan la atención a la población.
La discusión sobre los alcances de esta nueva regulación promete mantenerse en los próximos días, mientras distintos sectores evalúan sus implicaciones en materia laboral y constitucional.