Diputados proponen reformas a la Ley 42 para agilizar los procesos y fortalecer la protección de los menores ante el incumplimiento de uno de los progenitores
En Panamá se presentan aproximadamente 600 denuncias mensuales por pensiones alimenticias, lo que suma cerca de 7,000 casos al año, sin contar los que no se denuncian por acuerdos informales o la complejidad del sistema judicial, informó TVN Noticias.
Ante esta situación, la subcomisión de Asuntos de la Mujer analiza reformas a la Ley 42 de pensiones alimenticias, impulsadas para reducir la saturación del sistema y mejorar la protección de los niños y niñas afectados.
La diputada Alexandra Brenes, miembro del grupo de trabajo, explicó que el proyecto contempla 18 cambios clave, entre ellos la posibilidad de presentar el desacato desde el primer mes vencido, sin necesidad de que los progenitores acudan mensualmente a interponer la denuncia.
Asimismo, se plantea incrementar el apremio corporal de 30 a 45 días, medida que genera debate pero que, según jueces ejecutoras, es efectiva para garantizar el pago.
Otras reformas incluyen la actualización de medidas coercitivas, como la suspensión de paz y salvo, prohibición de contratar con el Estado y suspensión de licencias de conducir; y la modificación de la prescripción de la deuda una vez que el menor cumple 18 años, permitiendo que el reclamo continúe.
También se propone la verificación de cuentas bancarias cuando no exista registro laboral formal en la Caja de Seguro Social (CSS).
Brenes enfatizó la necesidad de mayor responsabilidad de ambos progenitores, especialmente cuando uno forma un nuevo hogar y descuida a los hijos del primer vínculo. La diputada dijo que “nosotros somos administradores de nuestros hijos hasta que cumplan 18 años, independientemente de la situación con la madre o el padre”.
El proyecto continúa su análisis en la Asamblea Nacional (AN) y se espera que avance al tercer debate, con el objetivo de aliviar la carga del sistema judicial y garantizar una protección más efectiva a miles de menores afectados por el incumplimiento de pensiones alimenticias.