El Ministerio de Gobierno presentó una querella penal luego de detectar supuestos privilegios otorgados a una privada de libertad conocida como La Parce
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó el traslado de la directora del Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE), como parte de las acciones adoptadas tras la detección de presuntas irregularidades en la concesión de beneficios penitenciarios, en un caso que ya fue puesto en manos del Ministerio Público.
De acuerdo con la titular del Ministerio de Gobierno (MINGOB), el Sistema Penitenciario presentó una denuncia formal por la posible comisión del delito de corrupción, relacionada con el aval emitido por la junta técnica, que permitió el acceso al beneficio de trabajo comunitario a favor de Katherine Carvalho, conocida en redes sociales como La Parce. Montalvo aclaró que dicho beneficio no es otorgado directamente por el Sistema Penitenciario, sino que requiere el cumplimiento de procedimientos y evaluaciones específicas.
La ministra acudió junto al director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, a la Fiscalía para interponer la querella penal, luego de la difusión en redes sociales de videos y audios grabados presuntamente desde centros penitenciarios, en los que privados de libertad aparecen realizando entrevistas y comentando temas internos, lo cual está prohibido por la normativa vigente.
Montalvo señaló que desde hace meses se vienen reforzando los controles para combatir la introducción de objetos prohibidos, como teléfonos celulares, y advirtió que la circulación de este tipo de contenidos evidencia posibles redes de corrupción, tanto dentro como fuera del sistema. Sostuvo que, por el momento, solo se tiene plenamente identificada a la creadora de contenido que difundió los audios, mientras continúan las investigaciones para determinar otras posibles responsabilidades.
Según información preliminar, la privada de libertad habría recibido la autorización para trabajo comunitario en apenas 25 días calendario tras su ingreso al centro penal, un plazo que contrasta con los tiempos habituales, que pueden extenderse hasta un año o más para otros internos, lo que ha generado cuestionamientos sobre un eventual trato preferencial.
El Ministerio de Gobierno reiteró que todas las entrevistas a privados de libertad deben cumplir con el debido proceso y contar con las autorizaciones correspondientes. El caso, conocido públicamente como La Parce, permanecerá bajo investigación para esclarecer si existieron faltas administrativas o delitos penales y para deslindar responsabilidades dentro del sistema penitenciario.