La constructora española reclama unos $59 millones en un arbitraje internacional ante el CIADI, pese a que las obras ya concluyeron
La empresa FCC Construcción mantiene una demanda de arbitraje internacional contra el Estado panameño, amparada en el Tratado Bilateral de Inversión entre Panamá y España, por presuntos incumplimientos vinculados a varios proyectos de infraestructura ejecutados en el país, informó el diario La Estrella.
Entre las obras señaladas se encuentran trabajos realizados en Darién, Panamá Oeste y el Corredor de las Playas, todos bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Aunque los proyectos ya culminaron su ciclo contractual, la compañía sostiene que Panamá vulneró obligaciones internacionales de protección a la inversión extranjera.
A diferencia de las controversias contractuales tradicionales, el reclamo de FCC no se basa en un contrato administrativo específico, sino directamente en disposiciones del tratado de inversión, lo que introduce una diferencia jurídica sustancial en el proceso.
En este tipo de demandas, el inversionista extranjero argumenta que acciones u omisiones del Estado afectaron estándares como el trato justo y equitativo o la seguridad jurídica, así lo explicó Margielys Jaime, jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN).
“Una empresa puede demandar al Estado sobre la base de un tratado de inversión, aun cuando el proyecto ya haya terminado y aunque no exista un contrato vigente”, señaló Jaime, al precisar que estos procesos se tramitan ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del cual Panamá es Estado parte desde 1996.
Según la información presentada al Legislativo, la demanda de FCC asciende a alrededor de $59 millones, cifra que corresponde a la pretensión económica de la empresa dentro del arbitraje.
Este monto es independiente de los gastos administrativos que debe asumir el Estado para la tramitación del caso, en ese contexto, el MEF solicitó un traslado de partida por $198,589.70 para cubrir los costos iniciales del proceso ante el CIADI.
Jaime aclaró que estos pagos no se realizan a la empresa demandante, sino directamente al CIADI, para cubrir la administración del caso y los honorarios del tribunal arbitral.
Indicó además que, una vez constituido el tribunal, el organismo suele requerir montos que oscilan entre $150,000 y $250,000, dependiendo de la complejidad y cuantía del arbitraje.
Uno de los proyectos más relevantes vinculados a la demanda es el Corredor de las Playas, concebido originalmente como una vía de unos 32.5 kilómetros entre La Espiga y San Carlos para mejorar la conectividad en Panamá Oeste.
La obra enfrentó dificultades financieras, problemas en la adquisición de servidumbres y ajustes técnicos que derivaron en una reducción significativa de su alcance inicial.
Posteriormente, el proyecto fue reestructurado para priorizar tramos clave de la carretera Panamericana, como la ampliación de cuatro a seis carriles entre El Espino y Sajalices y la Variante de Campana, cuyo viaducto estratégico fue inaugurado en el 2024.
El arbitraje de FCC se encuentra en una etapa inicial, y de acuerdo con los registros del CIADI, el tribunal celebró su primera sesión el 16 de diciembre del 2025 mediante videoconferencia, dando inicio formal al procedimiento.
A partir de ahora, el caso entra en una fase que podría extenderse por varios años, en función de la presentación de memoriales, audiencias y decisiones procesales.
Funcionarios del MEF señalaron que los costos procesales suelen definirse al final del arbitraje y que, en caso de un fallo favorable al Estado panameño, podrían ser recuperables, dependiendo de lo que establezca el laudo final del tribunal.