Nueva “Doctrina Monroe” de Trump para Latinoamérica La Casa Blanca busca en su patio trasero asegurar la estabilidad regional, limitar la influencia externa y el acceso a recursos estratégicos
En su segundo mandato, Donald Trump ha colocado nuevamente a América Latina en el centro de la política exterior estadunidense, no a través de una agenda diplomática tradicional, sino mediante una estrategia que prioriza la seguridad, el control migratorio y la proyección de poder, informó el diario La Razón.
Esa reorientación quedó bien plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional publicada a inicios de diciembre, que define al Hemisferio Occidental como la principal prioridad geopolítica de Estados Unidos e introduce un “Corolario Trump” a la “Doctrina Monroe”, con el objetivo de asegurar estabilidad regional, limitar la influencia de actores externos y garantizar el acceso a recursos estratégicos, reeditando una lógica de liderazgo hemisférico que muchos en la región consideran un retorno a viejas formas de dominación estadunidense.
Funcionarios del gobierno insisten en que el objetivo no es intervenir de manera indiscriminada, sino prevenir crisis que puedan tener impacto interno en Estados Unidos. Sin embargo, el lenguaje del documento deja claro que Washington se reserva un amplio margen de acción cuando considera que sus intereses están en riesgo.
La administración ha reforzado la cooperación militar y policial con varios países de la región y ha incrementado su presencia naval en el Caribe y el Pacífico oriental.
Esas acciones se justifican principalmente como parte de la lucha contra el narcotráfico y las redes criminales transnacionales, pero también responden a una concepción más amplia de control del entorno regional de Estados Unidos.
En los últimos meses, fuerzas estadunidenses han llevado a cabo operaciones contra supuestas embarcaciones de tráfico de drogas, en lo que el Pentágono describe como una respuesta a la sofisticación creciente de las organizaciones criminales. En ese contexto, Venezuela ha ocupado un lugar central en la retórica de Trump, insistiendo en que el régimen de Maduro representa una amenaza para la seguridad regional.
Además, Trump, anunció el “bloqueo” de todos los petroleros sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos que entraran o salieran de Venezuela.
El 10 de noviembre la Administración actuó por primera vez contra el “Skipper”, embarcación que transportaba dos millones de barriles de crudo venezolano.
El sábado, la Casa Blanca confirmó una nueva incursión en el petrolero “Centuries”; y este domigo, funcionarios estadunidenses aseguraron que Washington había interceptado un tercer barco frente a las costas de Venezuela.
Se trataba del petrolero sancionado “Bella-1”, vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán y a la que se acusa de haber proporcionado apoyo a la fuerza iraní.
El régimen venezolano ha denunciado las acciones de Estaados Unidos como una violación del derecho internacional y un intento de asfixia económica.
La política de seguridad de Trump también ha generado fricciones con gobiernos que, sin ser abiertamente adversarios, mantienen visiones distintas sobre seguridad y migración.
Un caso emblemático es el de Colombia, tradicionalmente el principal socio estratégico de Estados Unidos en América del Sur. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, las relaciones bilaterales han atravesado momentos de tensión, especialmente por las críticas al enfoque represivo de la guerra contra las drogas y su apuesta por políticas alternativas centradas en regulación y desarrollo rural.
En Washington existe un reconocimiento tácito de que, pese a las diferencias políticas, la relación con Colombia es estructural. Para Estados Unidos mantener a Bogotá dentro de su órbita estratégica resulta indispensable para el control de rutas del narcotráfico, la gestión migratoria y el equilibrio geopolítico en el norte de Sudamérica. Esa realidad ha obligado a ambas partes a administrar las tensiones sin romper la cooperación.
Aunque no siempre aparece en primer plano, China es un factor determinante en la política de Trump hacia Iberoamérica. En las últimas dos décadas, Pekín se ha convertido en un socio comercial clave para muchos países de la región, y financia grandes proyectos de infraestructura y energía. Desde la perspectiva de Washington, este avance plantea riesgos estratégicos.
Analistas coinciden en que el énfasis hemisférico de Trump responde a una evaluación realista de las capacidades de Estados Unidos. En lugar de intentar contener a China en todos los frentes, la administración opta por reforzar su liderazgo en su entorno inmediato.
Otro rasgo distintivo del enfoque de Trump 2.0 es su relación directa y explícita con determinados liderazgos políticos de la región. Trump ha mostrado una afinidad abierta con candidatos y presidentes de derecha, particularmente aquellos que promueven agendas de seguridad dura, liberalización económica y confrontación con la izquierda.